El anuncio de regularización extraordinaria para inmigrantes en España ha generado un colapso masivo en servicios administrativos. Más de medio millón de personas podrán legalizar su situación, aunque los trámites no comenzarán hasta abril. Los afectados se movilizan anticipadamente para reunir documentación, sabiendo que deberán acreditar su presencia antes del 31 de diciembre de 2025 mediante certificados de empadronamiento y antecedentes penales.
El Consulado de Argelia en Alicante se ha convertido en punto crítico de congestión. Miles de personas esperan en colas para obtener números de atención, que apenas alcanzan cuatrocientos diarios. Esta oficina atiende a residentes de una amplia región que abarca desde Castellón hasta Cádiz, incluyendo la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla. La Policía Nacional ha establecido un cordón de seguridad en la céntrica calle Pintor Velázquez para mantener el orden.
Personas como Zahari Hallal han permanecido bajo la lluvia durante toda la noche para asegurar su turno. Otros han viajado desde Sevilla tras jornadas de desplazamiento. Buscan otorgar poderes a familiares en sus países de origen para tramitar certificados de antecedentes penales. La situación genera preocupación en comerciantes y vecinos por los disturbios, durmientes en portales y enfrentamientos por el no respeto de filas.
Barcelona experimenta situaciones similares con consulados argelino y paquistaní saturados. Se registran esperas de hasta cuatro horas diarias, con aproximadamente mil personas pasando por las oficinas cada jornada. El consulado ha ampliado horarios e incluso abierto fines de semana. Los solicitantes ven esta medida como oportunidad laboral, aunque temen que trámites burocráticos internacionales no se completen a tiempo.
Cataluña estima que entre 120.000 y 150.000 personas se beneficiarán, una quinta parte del total. Murcia calcula hasta 50.000 permisos potenciales de residencia y trabajo. Las unidades de Extranjería reportan presión insostenible ante la avalancha de solicitudes informativas, con fuentes policiales declarando situaciones claramente inasumibles con las plantillas existentes.
El Gobierno ha anunciado esta medida sin diseñar un plan de choque acompañante, denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Falta personal y el volumen de trabajo resulta tremendo, según fuentes del sector. Las aplicaciones informáticas registran fallos por sobrecarga, y no existe información clara sobre cuándo abrirá realmente el plazo de solicitudes. El personal considera convocar manifestaciones e incluso huelgas.
Una semana después del acuerdo con Podemos, los expedientes de Extranjería aumentaron más del 25%, generando saturación generalizada. El sindicato insta al Ministerio a reunirse para resolver múltiples aspectos de implementación pendientes. Las oficinas de padrón municipal también sufren congestión similar.
En Valencia, las colas rodean el Ayuntamiento y no pueden otorgarse citas previas hasta semanas posteriores. La alcaldesa María José Catalá cuestiona la falta de información oficial y señala falsas expectativas. Municipios reportan un efecto llamada derivando consultas a delegaciones gubernamentales. Aunque las colas de padrón son habituales en Valencia, gran parte busca certificados de empadronamiento anterior al 31 de diciembre.
