La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha presentado propuestas para fortalecer los servicios públicos mediante una nueva financiación autonómica que aportaría 630 millones de euros adicionales. Según su visión, estos recursos deben emplearse de manera estratégica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos aragoneses y reforzar las instituciones públicas en sus diferentes ámbitos.
Durante la recta final de campaña, Alegría ha percibido una mayor disposición ciudadana para impulsar un cambio respecto a la gestión de los últimos dos años y medio. Ha enfatizado que los aragoneses tendrán la última palabra en las elecciones del 8 de febrero, considerando fundamental que la población participe activamente en la toma de decisiones electorales.
El modelo de financiación propuesto ha centrado gran parte de la entrevista. Alegría ha criticado la falta de propuestas concretas del Partido Popular sobre esta cuestión, instando a que cualquier debate sobre financiación requiera rigor, datos verificables y transparencia. Ha enumerado aplicaciones potenciales de estos fondos: la construcción de más de 4.000 viviendas públicas, la apertura de 80 residencias públicas y la contratación de hasta 15.000 médicos de atención primaria.
Respecto a los centros de datos, Alegría ha propuesto establecer un tributo específico, considerándolos actividades extractivas que requieren recursos significativos como suelo, energía y agua. Ha señalado que Aragón consume 1,7 gigavatios mientras se han autorizado tres gigavatios para estos centros, con otros tres en trámite. Considera que los beneficios generados deben revertir en los territorios y poblaciones locales que proporcionan estos recursos.
En energías renovables, ha defendido que los territorios deben participar en decisiones que les afectan, rechazando desarrollos realizados sin consideración local. Propone un período de reflexión antes de implementar nuevos proyectos en este sector, garantizando que los aragoneses tengan voz en procesos que impacten su entorno.
En sanidad, ha criticado la externalización de servicios y ha alertado sobre pagos cinco veces superiores a médicos privados en guardias médicas. Considera que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a la sanidad pública. También ha cuestionado el nuevo modelo de urgencias en Zaragoza, catalogándolo como un recorte que no satisface a los ciudadanos.
Para educación, ha propuesto ampliar plazas públicas en edades de 0 a 3 años para facilitar la conciliación laboral y familiar. Ha señalado que existen más de 2.500 plazas públicas sin cubrir en Bachillerato, por lo que considera inadecuado crear conciertos educativos cuando la capacidad pública aún no se aprovecha completamente.
Sobre vivienda, ha comprometido la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda, que ha demostrado reducir alquileres entre 5% y 7% en ciudades como Barcelona y A Coruña. En Zaragoza, estima reducciones superiores a 100 euros mensuales, considerando que 900 euros mensuales resulta inasequible para la mayoría. También ha enfatizado la importancia de la rehabilitación de viviendas existentes.
En fiscalidad, ha defendido una política redistributiva, comprometiéndose a recuperar la situación anterior en impuestos de sucesiones. Ha argumentado que condonar tributos a clases adineradas resulta injusto comparado con invertir en servicios públicos que benefician a la mayoría de la población.
Respecto a transporte, ha propuesto mejorar ferrocarriles de proximidad y recuperar conexiones estratégicas mediante negociación interadministrativa. Sobre migración, ha defendido regularización vinculada al empleo, permitiendo que personas ya residentes contribuyan mediante trabajo y cotizaciones a la Seguridad Social.
Finalmente, ha apelado a la movilización electoral, argumentando que solo el voto socialista puede frenar gobiernos derechistas y construir una alternativa progresista en Aragón que priorice servicios públicos de calidad y políticas inclusivas.
