La Comisión Europea cuestiona la viabilidad de perseguir penalmente a directivos de plataformas digitales por contenidos compartidos por usuarios, como propone el Gobierno español. El portavoz comunitario Thomas Regnier señaló que la responsabilidad de un director general por contenidos de terceros resulta muy difícil de establecer. Explicó que el reglamento de servicios digitales europeo no contempla investigaciones penales contra individuos, sino que regula el funcionamiento de las plataformas.
El presidente Pedro Sánchez anunció planes para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y tipificar como delito la manipulación de algoritmos. Sin embargo, estas propuestas chocan potencialmente con normativas europeas recientes como el reglamento de mercados digitales y el de servicios digitales. Ambas regulaciones han enfrentado críticas de grandes empresas tecnológicas estadounidenses y de la Casa Blanca.
Aunque Regnier indicó que no existe aún un proyecto de ley definitivo, la Comisión Europea fue más allá de las respuestas convencionales. Desarrolló una explicación detallada sobre la imposibilidad de responsabilizar penalmente a ejecutivos por actividades en plataformas. El DSA no persigue a individuos, sino que controla a las plataformas como entidades responsables de sus sistemas algorítmicos.
Daniel Sarmiento, catedrático de Derecho de la Unión Europea, explica que si un Estado aprueba una reforma penal sobre manipulación algorítmica, podría infringir el DSA. No pueden coexistir dos normativas diferentes regulando lo mismo. Esta es la preocupación fundamental de las instituciones europeas respecto al enfoque español.
Sin embargo, existen perspectivas jurídicas divergentes. Alberto Alemanno, profesor en HEC Paris, sostiene que los Gobiernos sí pueden establecer estándares más rigurosos. Observa que iniciativas de España, Grecia, Francia, Austria y Dinamarca demuestran que la UE podría fortalecer su protección digital infantil siguiendo estos ejemplos más estrictos de regulación.
La propuesta generó reacciones intensas de líderes tecnológicos. Elon Musk calificó a Sánchez de “totalitario fascista”, mientras que Pável Dúrov, fundador de Telegram, advirtió sobre peligros para las libertades digitales. Dúrov alertó que tales medidas causarían “censura excesiva” en plataformas que eliminarían contenido controvertido por precaución.
Dúrov argumentó que responsabilizar a directivos por contenido de odio conduciría a la supresión de disidencia política y periodismo independiente. Enfatizó que las voces que desafíen el status quo podrían ser silenciadas. Estas críticas reflejan la tensión entre regulación digital y libertades de expresión que caracteriza el actual debate europeo.
