La muerte violenta de don Alfonso sacó a la luz secretos que había guardado durante años. El asesinato del canónigo de la Catedral de Valencia ocurrió la noche del 21 de enero de 2024, cuando fue hallado desnudo y asfixiado en su cama, ubicada en un inmueble propiedad del Arzobispado. Este sacerdote de 79 años gozaba de reconocimiento público, pero el crimen reveló una faceta oculta: llevaba tiempo captando hombres en situaciones de vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
Uno de estos hombres decidió acabar con su vida en el número 22 de la calle Avellanas, a apenas 100 metros de la Catedral. El cadáver fue descubierto el 23 de enero. El jurado popular ha declarado culpable a Miguel, un cocinero peruano acusado del crimen, aunque negó su participación durante todo el juicio. Siete de los nueve miembros del jurado consideraron que, aunque posiblemente no fue quien apretó el cuello del sacerdote, actuó en complicidad con quien lo fue.
La Fiscalía solicita 28 años de cárcel para Miguel por asesinato, robo con violencia y estafa. Reconoce la posible existencia de un segundo implicado, identificado como Manuel, nunca localizado por la Policía, y que Miguel pudo no ser quien ejecutó materialmente el homicidio. Sin embargo, argumenta que pudo presenciar los hechos y saber lo que ocurriría.
Un aspecto intrigante del caso es la ausencia de ADN y huellas dactilares de Miguel en la escena del crimen. No obstante, los registros telefónicos muestran que su móvil estuvo presente en el domicilio de Avellanas durante el asesinato. Además, tras la muerte, Miguel utilizó las tarjetas de crédito del canónigo y suplantó su identidad mediante mensajes, intentando acceder a cuentas bancarias.
Miguel admitió conocer a don Alfonso López Benito desde el verano de 2023 y reconoció que fue invitado a su apartamento del Perelló. Negó haber mantenido relaciones sexuales con él, a pesar de que el conserje confirmó el constante flujo de hombres visitantes que despertaron sospechas entre los vecinos. El portero describió que el canónigo prefería hombres adultos en situaciones de extrema necesidad: indigentes, toxicómanos, inmigrantes.
La doble vida del sacerdote era un secreto a voces en la zona. El Arzobispado de Valencia declaró públicamente que nunca tuvo conocimiento de estos comportamientos, aunque admitió haber llamado la atención al canónigo dos años antes cuando los vecinos presentaron quejas verbales sobre las personas que frecuentaban su domicilio.
El Arzobispado manifestó su pesar por los actos del canónigo, calificándolos de contrarios a los compromisos de vida sacerdotal asumidos en su ordenación. Reconoció el escándalo y el desconcierto causados por su comportamiento, expresando dolor por las consecuencias.
Durante el juicio quedaron evidentes las contradicciones del acusado, quien permanece en prisión preventiva desde su detención. Miguel argumentó que mintió sobre no conocer a la víctima por vergüenza. Afirmó que el canónigo nunca le propuso nada indebido y que jamás tuvo problemas con él, a diferencia de otros hombres.
Sin embargo, no logró explicar por qué meses después el sacerdote lo bloqueó en el móvil y él continuó intentando llamarle. Asimismo, debió responder sobre las dos tarjetas de crédito del canónigo que portaba al momento de su detención, con las cuales retiró efectivo de cajeros automáticos e intentó obtener claves contactando directamente al banco.
Según Miguel, fue Manuel quien le entregó las tarjetas y el teléfono desbloqueado del sacerdote, diciéndole que estaba dormido. Reconoció que fue incorrecto tomar las tarjetas, pero afirmó desconocer la muerte en ese momento: “No habría ido al cajero”.
El posicionamiento del móvil de Miguel lo sitúa en el entorno del domicilio durante el asesinato. Además, envió varios mensajes suplantando la identidad del canónigo horas después del descubrimiento del cadáver, admitiendo en juicio que lo hizo para ganar tiempo mientras decidía si denunciaba a Manuel y qué hacer con las tarjetas.
El fiscal concluyó que aunque no acusa a Miguel de ser el autor material del homicidio “brutal”, insistió en que sabía que lo iban a matar, estuvo presente y lo presenció. Destacó que Miguel mencionó a Manuel por primera vez en su declaración de instrucción en abril de 2025, más de un año después del crimen.
La defensa cuestiona una investigación llena de “lagunas” donde se forzó encajar “las piezas del puzzle a martillazos”. Señala la paradoja de un asesino que evita dejar rastros biológicos pero luego comete errores graves: usar tarjetas y suplantar a la víctima inmediatamente después.
