El hijo de Obiang vuelve a eludir al juez Pedraz sin presentarse a declarar por terrorismo, secuestro y torturas
Los tres principales responsables de la seguridad de Guinea Ecuatorial no se presentaron ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente, junto con el ministro del Interior y el director de Seguridad Presidencial habían sido citados por videoconferencia para declarar sobre delitos graves. Esta constituye la segunda ocasión en que eluden comparecer ante la justicia española respecto a acusaciones de secuestro de opositores.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión del magistrado de permitir declaración telemática. La sala consideró que videoconferencia no equivale a poner a disposición efectiva de la justicia española. Ratificó además la vigencia de las órdenes de búsqueda y captura internacional contra los tres investigados. Solo mediante detención física podrían prestarse declaraciones presenciales ante los tribunales españoles competentes.
El abogado defensor de los investigados había solicitado al juez Pedraz una segunda oportunidad de comparecencia. Propuso que declararan por videoconferencia desde la Embajada española en Malabo o en consulados españoles. Ninguno de los imputados se presentó finalmente en ninguna de las ubicaciones propuestas. Su inasistencia frustraba nuevamente los intentos del magistrado de recibir sus testimonios sobre las graves acusaciones pendientes.
El vicepresidente Teodorín Nguema Obiang, hermanastro del principal investigado, publicó un mensaje contundente en redes sociales. Afirmó que ningún miembro del Gobierno guineano comparecería ante tribunales españoles. Alegó que estos funcionarios gozaban de inmunidad que les protegía contra procesos penales de este tipo. El mensaje fue categórico en rechazar cualquier cooperación con la justicia española.
Tras esta declaración pública del vicepresidente, el abogado defensor comunicó al juez Pedraz que sus clientes no asistirían a la comparecencia prevista. Solicitó la suspensión de la audiencia programada para ese día. En su escrito no mencionó explícitamente las órdenes del vicepresidente, sino que criticó la participación previa de abogados de los querellantes en actos parlamentarios sobre derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
Desde 2023 el Gobierno guineano mantiene una posición consistente de no reconocer competencia a tribunales españoles. Emitió una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazando la jurisdicción sobre miembros de su Gobierno. El vicepresidente reiteró en publicaciones en redes que los funcionarios debían evitar viajar a España para no ser humillados. Sin embargo, sorprendió que posteriormente solicitaran comparecer por videoconferencia.
Analistas jurídicos interpretan el fallido intento de declaración como una estrategia del letrado para facilitar al juez Pedraz el archivo de la causa. Solo mediante cumplimiento de procedimientos de declaración puede archivarse una investigación. El magistrado ha mostrado indicios de querer cerrar el caso durante cuatro años. Fiscales, abogados querellantes y la Sala de lo Penal han resistido constantemente estos intentos mediante recursos y resoluciones.
Los tres investigados permanecen en búsqueda y captura internacional desde que se negaran a declarar hace casi tres años. El caso investiga el secuestro y torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos en el exilio ocurridos en 2019 en Yuba, Sudán del Sur. Los cuatro opositores fueron trasladados engañosamente en avión presidencial a Bata donde fueron juzgados y condenados por un supuesto golpe de Estado.
Uno de los secuestrados, Julio Obama de sesenta y un años, falleció en prisión como consecuencia de torturas. El Parlamento Europeo pidió unánimemente la deportación de su cadáver y condenó al Gobierno de Teodoro Obiang. Tres años después de su muerte permanece desconocida la ubicación de sus restos mortales. Un testigo presencial declara que tras el regreso del hijo de Obiang, los cuatro opositores fueron nuevamente torturados intensamente.
Carmelo Ovono abandonó España esa misma madrugada y nunca regresó pese a mantener residencia legal en el país. Posee propiedades, sociedades comerciales y cuentas bancarias millonarias en España. Está casado con una mujer española y gozaba de estatus legal de residente antes de su fuga. Su salida del territorio nacional marcó el inicio de su condición de prófugo internacional ante la justicia española.
