Alberto Núñez Feijóo ha criticado duramente las medidas antidesahucios aprobadas por el Gobierno, argumentando que expropian derechos constitucionales sin justificación. El líder opositor las ha comparado con políticas de otros territorios, calificándolas como un atentado contra la propiedad privada de los arrendadores. Durante un acto de campaña en Aragón, ha insistido en que estas iniciativas carecen de fundamento legal y vulneran principios básicos del ordenamiento jurídico español.
Feijóo ha empleado analogías para reforzar su posición crítica. Ha señalado que culpar a los trabajadores de supermercados por dificultades de compra resulta incoherente, planteando así una comparación sobre a quién corresponde asumir responsabilidades en cuestiones económicas. Según el dirigente del PP, el Gobierno asume funciones que no le corresponden y agrede derechos fundamentales de los ciudadanos españoles sin base razonable.
El Partido Popular ha definido claramente su posición respecto a los dos decretos separados por el Ejecutivo. Apoyarán la revalorización de pensiones pero rechazarán el escudo social. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha manifestado que no es aceptable que los propietarios de viviendas asuman la vulnerabilidad de familias, considerando que esa responsabilidad no les corresponde y que el Gobierno socialista actúa fuera de sus competencias.
La convalidación de ambas normas en el Congreso enfrenta escenarios muy distintos. Las pensiones tienen respaldo suficiente con el voto del PP, pero el escudo antidesahucios carece de apoyo parlamentario claro. Aunque existe acuerdo con el PNV, falta respaldo de Junts, mientras que Podemos lo considera insuficiente. El Ejecutivo espera resolver esta situación dentro de un mes mediante negociaciones adicionales.
El ministro Félix Bolaños ha advertido que cualquier grupo que vote contra el escudo social será responsable directo de los desahucios en España. El decreto incluye además ayudas por catástrofes naturales y mejoras en jubilación para bomberos, protegiendo a miles de familias vulnerables frente a desalojos y cortes de servicios básicos. La batalla parlamentaria continúa sobre la viabilidad final de estas disposiciones.
