El enfrentamiento entre El Espinar y Transportes por los 580.000 euros de reparación del socavón de la N-6
Un desacuerdo sobre responsabilidad financiera enfrenta al municipio de El Espinar con el Ministerio de Transportes. El Ayuntamiento rechaza una factura de 587.275,51 euros por reparaciones en la carretera nacional N-6. El alcalde del PP, Javier Figueredo, ha impugnado la orden del ministerio socialista y sostiene que no pagará voluntariamente.
El conflicto originó cuando lluvia intensa provocó un socavón en la N-6 en marzo de 2025. El ministerio responsabiliza al municipio por deficiencias en el colector de aguas bajo la calzada. Transportes sostiene que problemas en el sistema de drenaje municipal causaron el colapso. El municipio debe asumir los costos según el análisis técnico estatal.
El informe ministerial detalla que el colector municipal transportaba aguas pluviales y residuales combinadas. Durante episodios lluviosos, el caudal se incrementaba significativamente. El documento describe filtraciones, pérdidas de estanqueidad y perforaciones en secciones antiguas. El ministerio concluye que defectos constructivos municipales originaron el daño.
Los técnicos de El Espinar presentan conclusiones contrarias. Argumentan que el verdadero problema radica en la insuficiente capacidad del sistema de drenaje transversal bajo la N-6, infraestructura estatal. Afirman que solo el Ministerio de Transportes es responsable de esa capacidad insuficiente. El municipio realizó sus trabajos correctamente.
Figueredo rechaza pagar porque el municipio no tenía competencias sobre ese tramo. Explica que detuvieron las obras al llegar a la carretera nacional. Afirma que el pavimento cedió por sobrecarga de tráfico pesado durante las reparaciones estatales. Exige que un juzgado resuelva la disputa.
El alcalde menciona que vehículos pesados causan problemas frecuentes en El Espinar. Ha restringido su circulación por vías municipales. Señala que habitantes pagaron peajes en la AP-6 durante meses por desvíos causados por obras ministeriales. Considera el costo estatal “inaceptable y desproporcionado para la viabilidad municipal”.
El Pleno municipal aprobó una moción declarando al ministro Óscar Puente persona non grata. El consistorio atribuye al ministerio una actuación perjudicial. Cuestiona la reparación por razones técnicas, jurídicas y administrativas. Advierte que asumir este gasto comprometería la estabilidad financiera y servicios esenciales del municipio.
