En Cartes, municipio cántabro de 6.500 habitantes, ha surgido una tensión social intensa tras la instalación de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados. La alcaldesa socialista Lorena Cueto ha ordenado paralizar las operaciones del inmueble y amenaza con cortar servicios básicos. La medida responde a protestas vecinales que combinan manifestaciones públicas con discursos racistas y desinformación, mientras una parte del vecindario aboga por la integración y rechaza estas actitudes discriminatorias.
El conflicto político escaló tras días de agitación en redes sociales y calles. La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, adquirió recientemente el inmueble para alojar a dieciocho jóvenes de origen subsahariano. La decisión unilateral de la alcaldesa de bloquear el funcionamiento del centro ha generado fricción institucional grave entre gobiernos de diferentes colores políticos, incluso siendo ambos del PSOE en este caso.
Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social, ha criticado la falta de comunicación previa y ha anunciado recursos legales contra la paralización. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha condenado el lenguaje usado por la alcaldesa, tachando de intolerable identificar la llegada de menores como castigo o amenazar con cortes de servicios. Las autoridades advierten sobre riesgos de incitar odio mediante desinformación institucional.
Las calles de Cartes reflejan divisiones profundas. Ciudadanos procedentes de otros pueblos vigilan la vivienda buscando confrontación, graban vídeos y propagan rumores sobre criminalidad de extranjeros. Vox convoca manifestaciones para el sábado con consignas xenófobas. Sin embargo, otros vecinos cuestionan estos miedos infundados y subrayan que migrar no constituye delito, recordando experiencias positivas de convivencia con comunidades inmigrantes anteriores.
Clara Simal, residente frente al inmueble, denuncia el racismo generalizado y critica el desconocimiento predominante. Julián Montes, inmigrante colombiano que vive en el pueblo, cuestiona la capacidad física de la vivienda pero reconoce que los menores recibirán educación formal y supervisión profesional. Los ministerios confirman que los jóvenes asistirán a escuelas locales con educadores sociales asignados, integrándose en la comunidad educativa regular.
Voces a favor de la acogida enfatizan la necesidad de oportunidades para estos menores y critican el clima de intolerancia emergente. Laura, vecina de cuarenta años, expresa decepción por el racismo inesperado. Amelia González apela a la solidaridad, recordando que estos jóvenes requieren alojamiento en algún lugar. Ángel Neila señala que alarmas similares ocurrieron hace décadas sin materializarse en conflictos reales de convivencia, sugiriendo que el miedo actual carece de fundamentos históricos comprobables.
