El Gobierno de Rodrigo Paz reconoció públicamente que existe un problema de distribución de gasolina de baja calidad en Bolivia. Esta admisión llegó después de que sindicatos y federaciones del transporte iniciaran movilizaciones y protestas exigiendo compensación económica. Los transportistas denunciaban daños severos en sus vehículos. El ministro de Hidrocarburos explicó que estudios posteriores detectaron residuos perjudiciales en los tanques heredados de la gestión anterior.
Carlos Medinaceli utilizó una analogía culinaria para describir la situación: comparó el problema con aceite de cocina reutilizado durante años. Al introducir combustible de calidad en tanques contaminados, los residuos viejos afectan el producto final. El presidente de YPFB, Yussef Akly, identificó específicamente que los contaminantes encontrados son magnesio y goma acumulados en las instalaciones de almacenamiento.
Existe una contradicción notable en los comunicados oficiales. La propia YPFB había certificado el lunes que el combustible importado cumplía con todos los estándares de calidad. Akly justificó esta inconsistencia señalando que los análisis iniciales no detectaron ciertos residuos porque requieren laboratorios especializados diferentes. Explicó que fueron necesarios estudios adicionales más complejos para identificar estos contaminantes específicos.
Los transportistas enfrentan costos de reparación muy significativos. El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia reportó que el 60% de los vehículos actualmente en talleres presentan problemas derivados de la mala calidad del combustible. Los gastos de reparación oscilan entre 715 y 6.500 dólares, especialmente cuando es necesario reemplazar motores completos. Limbert Tancara, ejecutivo de la Federación de Transporte Libre, anunció que exigirán compensación económica del Estado.
Carlos Choque, conductor de autobús, explicó cómo el combustible contamina los motores. El daño principal ocurre en las válvulas de admisión, donde entra aire y combustible para generar la chispa de ignición. Si cualquiera de estos componentes falla o está contaminado, el motor no funciona correctamente. Los conductores aseguran haber solicitado inspecciones durante meses sin obtener respuestas efectivas.
El problema no se limita al transporte público. Usuarios compartieron en redes sociales que fabricantes automotrices detectaron acumulación peligrosa de carbonilla en vehículos particulares. Las empresas técnicas advirtieron sobre daños mecánicos irreversibles causados por el combustible contaminado. Estos casos evidencian que la mala calidad afecta a toda la población.
La eliminación del subsidio al combustible ocurrió el 17 de diciembre mediante decreto supremo, incrementando el precio de la gasolina en un 85%. El Parlamento también reaccionó ante la crisis. Juan Pablo Velasco, líder opositor, anunció la creación de una comisión investigadora parlamentaria para identificar responsables. Criticó que el nuevo combustible es simultáneamente más caro y de menor calidad.
