México: el proceso judicial por la muerte del activista Samir Flores arranca transcurridos siete años desde que fue asesinado
Después de más de diez postergaciones, finalmente comienza el 16 de febrero el juicio contra el presunto responsable del homicidio de Samir Flores. El equipo legal de la familia confirma que se realizarán cuatro sesiones hasta el 20 de febrero, coincidiendo con el séptimo aniversario de la muerte del activista. Se trata de uno de los primeros casos de violencia contra un defensor ambiental en México tras la llegada de Morena al poder, marcado por la contradicción entre promesas electorales y políticas gubernamentales implementadas.
En la madrugada del 20 de febrero de 2019, tres individuos se presentaron en la casa de Flores en Amilcingo, Morelos. Lo atrajeron con un pretexto relacionado a la emisora comunitaria que había fundado. Cuando salió, lo arrastraron y le dispararon tres veces, dos proyectiles impactaron su cabeza. Flores se distinguía por su oposición al Proyecto Integral Morelos, megaproyecto con dos centrales termoeléctricas, gasoducto y acueducto en tres estados.
Liliana Velásquez, viuda del activista, expresa su frustración por la demora judicial. Señala que las investigaciones han enfatizado aspectos materiales del crimen, ignorando los intelectuales. Cuestiona por qué no se han identificado quiénes ordenaron el asesinato. La Fiscalía ha argumentado necesitar testigos clave para avanzar, resultando en al menos diez aplazamientos durante estos siete años.
López Obrador prometió durante 12 años de campaña cancelar el Proyecto Integral Morelos, comparándolo metafóricamente con colocar un cementerio nuclear en Jerusalén. Sin embargo, al asumir la presidencia, respaldó la iniciativa y convocó a consulta ciudadana para el 23 de febrero de 2019. Solo tres días después del asesinato de Flores, la consulta se realizó con participación mínima del 2% del padrón, aprobándose el proyecto.
Los investigadores han explorado cuatro líneas principales: vinculación con crimen organizado, conflicto laboral municipal, disputa sobre reubicación escolar, y conexión con el Proyecto Integral Morelos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, organización donde militaba Flores, ha solicitado reiteradamente que comparezcan autoridades del Gobierno de Morelos como testigos en el proceso judicial.
Velásquez insiste en que necesita identificar quiénes ordenaron la muerte de su esposo. Demanda ampliar investigaciones e interrogar a autoridades gubernamentales. Expresa que su confianza en esclarecer el caso se desvanece con el paso del tiempo y lamenta no tener certeza de obtener respuestas satisfactorias sobre los motivos reales del crimen que transformó su vida.
