El Congreso se apresura a negociar nuevos límites para los agentes del ICE antes del vencimiento del plazo
La Cámara de Representantes aprobó cinco de las seis leyes presupuestarias necesarias para evitar el cierre parcial de la Administración. El financiamiento se extiende hasta el 30 de septiembre, fecha que marca el final del año fiscal. El acuerdo contó con apoyo tanto de republicanos como de demócratas, pero dejó pendiente una cuestión crucial: la financiación del Departamento de Seguridad Nacional sigue sin resolverse.
La negociación sobre el presupuesto del DHS resulta particularmente compleja debido a desacuerdos sobre las políticas que rigen las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los legisladores disponen de apenas diez días para alcanzar un acuerdo antes del 14 de febrero, cuando vence el financiamiento temporal. Sin un pacto, estas agencias encargadas de detenciones y deportaciones operarían sin presupuesto.
Las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales en Minneapolis el mes pasado aceleraron las exigencias de reforma. Las tácticas agresivas de los agentes dispararon contra manifestantes. Este acontecimiento generó movilización ciudadana y presionó a los legisladores para endurecer sus posiciones respecto a las prácticas de seguridad fronteriza.
Los senadores demócratas presentan demandas claras: prohibir el uso de máscaras para los agentes, exigir identificación y cámaras corporales, eliminar redadas indiscriminadas, requerir órdenes judiciales para detenciones, investigar denuncias de violaciones de derechos de forma independiente y terminar con patrullas itinerantes. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, enfatizó que estas son expectativas estándar que los ciudadanos estadounidenses ya tienen.
Los representantes demócratas sumaron a sus demandas la necesidad de directrices claras sobre el uso de la fuerza para agentes de inmigración. Sin embargo, Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara, rechaza explícitamente la exigencia de órdenes judiciales. Johnson sostiene que las órdenes administrativas proporcionan autoridad legal suficiente para detenciones. Recientemente se reveló que un memorando interno del ICE incentivaba a los agentes a ingresar a domicilios sin orden judicial.
El Gobierno anunció que aceptará el requisito de cámaras corporales para agentes del ICE durante operaciones de detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que todos los agentes participantes en Minneapolis estarán equipados con cámaras y que el programa se expandirá gradualmente conforme se disponga de financiación. El presidente Trump también respaldó públicamente esta medida, argumentando que favorece a las fuerzas del orden.
Los republicanos mantienen posiciones firmes contra restricciones adicionales para operativos migratorios. Lisa McClain, presidenta de la conferencia republicana, declaró al Washington Post que su partido no cederá ante exigencias demócratas, calificándolas de peligrosas para agentes. Rechaza específicamente obligar a mostrar rostros durante redadas, describiendo la postura demócrata como caprichosa.
Aunque la falta de acuerdo no paraliza directamente al ICE, que cuenta con 75.000 millones de dólares presupuestarios de una asignación mayor, sí afectaría a otras agencias críticas. FEMA, la Guardia Costera y la TSA enfrentarían interrupciones operativas sin financiamiento disponible. Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara, advirtió que los demócratas tienen prioridades innegociables y que si republicanos no se sientan a negociar reformas reales, deberán explicar al público por qué paralizan agencias gubernamentales.
