Una jueza detiene la orden de la Administración Trump que prohibía las visitas sin previo aviso del Congreso a las instalaciones del ICE
Una jueza federal ha ordenado por segunda ocasión que el Departamento de Seguridad Nacional permita inspecciones sin aviso previo en centros de detención del ICE. La magistrada Jia M. Cobb bloqueó temporalmente el requisito de notificar con siete días de anticipación, reforzando el derecho del Congreso a supervisar condiciones de detención federal.
Más de una docena de congresistas demócratas presentaron la demanda después de ser expulsados o impedidos de entrar en instalaciones. Representantes de Minnesota, Colorado, Texas, Nueva York y California documentaron estos rechazos. El caso se convirtió en un frente legal importante contra la estrategia migratoria del Gobierno durante un período de aumento de detenciones y denuncias de abusos.
El 10 de enero, las representantes Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison ingresaron brevemente a un edificio federal en Minneapolis que funciona como centro de detención. Fueron obligadas a salir poco después. Personas detenidas reportaron celdas saturadas y atención médica insuficiente. Morrison describió la operación como “caótica, desorganizada y peligrosa” tras observar las condiciones.
La Administración Trump reinstauró en enero una política que requería notificación previa de visitas legislativas. La secretaria de Seguridad Nacional argumentó razones de seguridad e orden interno. La jueza Cobb consideró que la política probablemente viola la ley al utilizar fondos que el Congreso había prohibido destinar a limitar acceso legislativo. La magistrada destacó que inspecciones sin aviso son esenciales para evaluar centros con poblaciones fluctuantes.
En Colorado, el congresista Jason Crow fue rechazado cuando intentó inspeccionar Aurora en julio de 2025. Cuestionó la necesidad de siete días de preparación. Activistas confirmaron hacinamiento severo, con decenas de personas compartiendo apenas tres duchas e inodoros. Las autoridades sanitarias del condado abrieron una investigación por brotes de enfermedades no tratadas.
Texas alberga el mayor centro del país, Camp East Montana en El Paso, con capacidad para 5.000 detenidos. Desde agosto de 2025, al menos dos personas murieron allí. En total, se registraron seis muertes en centros ICE en 2026. Gerardo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años, fue clasificado como homicidio por el forense del condado de El Paso.
El fallo tiene alcance nacional sobre aproximadamente 200 instalaciones que albergan detenidos del ICE. La orden temporal durará 14 días mientras avanza el caso. Esta decisión judicial refuerza la facultad supervisora del legislativo sobre operaciones migratorias federales durante un momento de intenso debate sobre políticas de inmigración.
