El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 con proyección hasta 2030 comprende 13 programas destinados a diversos grupos vulnerables. Entre ellos figura la asistencia habitacional para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y aquellas en riesgo de desahucio. La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha optado por no financiar directamente este programa y ha redistribuido los fondos estatales adicionales asignados para 2025, valorados en 1,075 millones de euros, dejando únicamente 300.000 euros para esta finalidad.
Las comunidades autónomas poseen autonomía para determinar la distribución de fondos entre los diversos programas del plan estatal y para comunicar al Gobierno la cantidad que aportarán regionalmente. Conforme a la normativa vigente, cuando la cofinanciación autonómica es inferior al 10%, el compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ve proporcionalmente reducido. Esta estructura genera incentivos para que las regiones contribuyan adecuadamente.
Madrid comprometió en 2022 aproximadamente un millón de euros anuales para 2023, 2024 y 2025 destinados al programa de asistencia a víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, renegocié sucesivamente su presupuesto hasta eliminar completamente la financiación regional en los tres ejercicios mencionados. Pese a esta ausencia de aportación propia, la región recibió financiación adicional del Gobierno español.
La ayuda prevista en el programa estatal consiste en soluciones habitacionales inmediatas mediante alquiler o cesión de vivienda, con subsidios mensuales entre 600 y 900 euros durante hasta cinco años. Incluye cobertura de gastos comunitarios, suministros e internet, con seguimiento social continuo. Madrid ha priorizado en cambio otros programas: ayudas a jóvenes con más de 4 millones de euros, accesibilidad habitacional con más de 3 millones, y modelos alternativos como cohousing con más de 1,5 millones.
Diputados progresistas denuncian que 300.000 euros resultan insuficientes para atender a mujeres víctimas de violencia machista que requieren alojamiento urgente. En 2024 se otorgaron solamente 91 viviendas frente a 32.004 denuncias por violencia de género registradas. Los plazos de espera frecuentemente oscilan entre 12 y 18 meses, período que muchas mujeres sin independencia económica no pueden aguardar sin correr riesgos.
Cataluña aportó más de 30 millones de euros a este programa, alcanzando 90 millones cuando se incluyen fondos estatales complementarios. El acceso a vivienda constituye factor crítico para que mujeres escapen situaciones de violencia doméstica. Sin opciones habitacionales viables, muchas permanecen con sus agresores o enfrentan indigencia, particularmente cuando tienen menores a cargo y el mercado de alquiler presenta tensiones severas.
La Consejería de Vivienda madrileña argumenta que posee desde años atrás un procedimiento propio y estructurado para asignar viviendas por necesidad especial, incluyendo explícitamente a víctimas de violencia de género mediante puntuación reservada asignada por trabajadores sociales. Según la administración regional, este mecanismo cumple exactamente con los objetivos del programa estatal, justificando así la no incorporación de financiación al convenio.
Sin embargo, críticos sostienen que la aplicación real del procedimiento autonómico no satisface demandas urgentes. Los datos muestran considerable desproporción entre solicitudes aprobadas y denuncias registradas. Además, desconocen el número de solicitudes rechazadas debido a falta de transparencia administrativa, limitando la evaluación completa de la cobertura real ofrecida por el sistema madrileño vigente.
La oposición ha presentado una propuesta legislativa que incluye el compromiso de que Madrid aporte al menos el 20% de cofinanciación autonómica al programa específico para víctimas de violencia de género dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. Esta medida buscaría alinear las prioridades regionales con los compromisos establecidos en la legislación autonómica sobre violencia de género, que expresamente considera prioritario el acceso a vivienda pública.
