La Fiscalía de Andalucía ha decidido no proseguir con las investigaciones contra los exconsejeros de Salud Catalina García y Jesús Aguirre, ambos del Partido Popular, tras examinar durante cuatro meses las denuncias relacionadas con fallos en los cribados de cáncer de mama. Los hechos se remontan a octubre, cuando se descubrieron graves retrasos en el diagnóstico que afectaron a más de 2.300 mujeres según cifras del Gobierno andaluz. Aunque el ministerio público no identifica delito en la conducta de estos dirigentes, ha remitido 16 casos específicos de pacientes denunciantes a fiscalías provinciales para un análisis más detallado.
La decisión de archivar las denuncias se suma a otro archivo previo de la Fiscalía de Sevilla sobre la supuesta eliminación de mamografías. En ese caso, los investigadores concluyeron que no hubo manipulación intencional ni sabotaje, sino una saturación del sistema por exceso de solicitudes de visualización de pruebas diagnósticas.
Los cinco altos cargos exonerados incluyen a García, actual consejera de Sostenibilidad, y a Aguirre, presidente del Parlamento andaluz. También fueron investigados la exviceconsejera María Luisa del Moral, la exconsejera Rocío Hernández y la gerente del Servicio Andaluz de Salud Valle García. Las denuncias provinieron de la asociación El Defensor del Paciente y de los partidos Izquierda Unida y Adelante Andalucía, quienes cuestionaban el incumplimiento en la atención sanitaria de los programas de detección.
La Fiscalía identificó como problemas centrales deficiencias en el protocolo de cribado, particularmente la falta de seguimiento en casos catalogados como dudosos o no concluyentes. También investigó la ausencia de comunicación de resultados a pacientes, falta de identificación adecuada de víctimas y carencias en los datos personales registrados en los sistemas sanitarios.
La investigación remitida a fiscalías provinciales en Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Córdoba y Jaén busca analizar dieciséis casos individuales sin establecer un patrón unificador. La Fiscalía argumentó que las características diferenciadas de cada caso impiden una investigación conjunta y que algunas denuncias carecían de precisión suficiente para fundamentar conclusiones penales.
Asociaciones de pacientes y defensores rechazaron la decisión con dureza. La presidenta de Amama, Ángela Claverol, expresó que recibe con pena y tristeza el archivo, señalando que las mujeres afectadas existían y merecían investigación. El Defensor del Paciente criticó la actuación fiscal calificándola de inadecuada ante lo que considera un delito contra las personas.
Hasta la fecha, 110 mujeres perjudicadas por los retrasos en el diagnóstico han presentado reclamaciones económicas ante la Consejería de Sanidad solicitando compensación por los daños ocasionados a su salud. Las asociaciones de pacientes permanecen activas en la búsqueda de responsabilidades.
