El Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la asignación de viviendas de protección pública en una zona privilegiada de la ciudad. Este caso ha generado la renuncia de una concejala y una directora general, además de involucrar a varios empleados municipales. El gobierno local, encabezado por el alcalde Luis Barcala, ha trasladado la responsabilidad de la investigación a la justicia, argumentando que no existe una norma que autorice el control municipal de estas promociones.
La municipalidad busca aclarar los posibles compromisos de funcionarios y verificar el cumplimiento de los objetivos de estas viviendas, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Manuel Villar, concejal responsable de Contratación y Recursos Humanos, señala que la Fiscalía debe determinar si los beneficiarios cumplían los requisitos exigidos: no poseer otra vivienda, utilizarla como residencia principal y tener ingresos anuales familiares inferiores a 54.000 euros.
Villar sostiene que el consistorio no puede intervenir más allá de vender el suelo a precio tasado y otorgar licencias. Afirma que la cooperativa es responsable de elegir a sus miembros sin fiscalización municipal obligatoria. Según su versión, el ayuntamiento únicamente realiza transacciones de suelo y construcción, sin participar en la asignación real de viviendas.
Las sospechas públicas sugieren que los propietarios podrían estar comercializando estas viviendas de tres y cuatro habitaciones, adquiridas por aproximadamente 200.000 euros, con garaje y servicios comunitarios en una zona exclusiva. Reportes indican que algunos pisos y garajes están siendo comercializados, y presuntamente se habría solicitado a interesados pagos adicionales de 230.000 euros más dinero en efectivo. La legislación vigente expresamente prohíbe estos negocios con viviendas protegidas.
El vicealcalde enfatiza que su enfoque se limita a verificar que la vivienda llegara a quienes la necesitan. Por ello, compararán registros de propietarios con nóminas de empleados municipales. Las investigaciones sobre irregularidades posteriores, como usos comerciales de las propiedades, corresponderán a la Fiscalía.
Un pleno extraordinario está programado para el jueves a las cinco de la tarde, convocado por la oposición completa: PSOE, Compromís y Esquerra Unida. En esta sesión, Barcala proporcionará explicaciones sobre si conocía la condición de adjudicataria de su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien renunció. También aclarará si Gómez participó en procesos de licitación y si existían reportes previos indicando irregularidades.
El equipo de gobierno presentará investigaciones sobre un caso donde un técnico de la Consejería de Vivienda aprobó una vivienda para su esposa, funcionaria municipal. Villar promete que si se confirma, abrirá un expediente sancionador contra la empleada con suspensión de empleo y sueldo cautelar. Los socialistas han presentado su propia denuncia calificando presuntos delitos como prevaricación, conflicto de intereses y fraude administrativo.
Compromís tiene previsto presentar múltiples acciones en instituciones autonómicas, desde el ayuntamiento hasta las Cortes valencianas y la Diputación provincial. El portavoz municipal Rafa Mas insta a verificar piso por piso si los adjudicatarios residen allí o los alquilan, con sospechas de rentas mensuales entre 1.200 y 1.600 euros. Solicita revisión de padrones, recibos de servicios y ocupación real de viviendas.
Aitana Mas, portavoz adjunta en las Cortes autonómicas, denuncia el aprovechamiento de recursos públicos en gobiernos del PP y la distorsión del sistema de vivienda pública. Proponen una comisión de investigación dado que los beneficiarios poseen salarios cercanos a 70.000 euros. Presentarán proposiciones para modificar normas de acceso priorizando rentas bajas y exigiendo máxima transparencia en asignaciones, incluyendo listados y baremos accesibles.
Compromís también demanda explicaciones sobre la relación entre numerosas propiedades de esta promoción y cargos del Partido Popular, incluyendo la consejera de Vivienda. Solicitarán su comparecencia parlamentaria. Igualmente, plantean revisar el Plan Vive, iniciativa del anterior presidente Carlos Mazón para facilitar acceso a vivienda mediante colaboración municipal.
