El Ejecutivo ha tomado la decisión de dividir el paquete de medidas en dos decretos distintos tras prolongadas negociaciones entre el PSOE y Sumar. Un decreto abordará únicamente cuestiones de pensiones y seguridad social, mientras que el segundo incluirá todas las medidas del escudo social restantes, con especial énfasis en la moratoria de desahucios para familias vulnerables. Esta estructura definitiva se ha configurado durante las últimas horas de intensos debates en el seno del Gobierno.
Sumar ha manifestado con claridad su postura al respecto: los derechos no deben competir entre sí, ni pueden clasificarse como de primera o segunda categoría. La formación liderada por Yolanda Díaz insiste en que todas las medidas deben aprobarse conjuntamente, demostrando que es posible garantizar tanto protección habitacional como pensiones dignas. Desde esta perspectiva, pretenden evitar que sectores políticos opuestos fragmenten el debate para socavar iniciativas de carácter social.
El escudo social contemplaría diversas prestaciones destinadas a ciudadanos en situación vulnerable: ayudas por catástrofes naturales, mejoras jubilatorias para bomberos, y la protección contra desahucios que beneficiaría aproximadamente a sesenta mil familias. Adicionalmente, incluye salvaguardas contra cortes de servicios esenciales, demandas expresadas reiteradamente por Sumar en negociaciones previas.
El Partido Nacionalista Vasco ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno que expande la cobertura social a pequeños propietarios con inmuebles en alquiler, eximiéndoles de obligaciones habitacionales hacia inquilinos vulnerables. Esta ampliación ha generado críticas severas desde Podemos, con declaraciones que cuestionan la coherencia de proteger a propietarios mientras se afecta a inquilinos en precariedad.
Izquierda Unida ha enfatizado que las medidas deben consolidarse permanentemente en legislación, evitando así que se repita anualmente este ciclo de incertidumbre normativa. El voto favorable de Junts sigue siendo determinante para la aprobación final del decreto, aunque aún no ha comunicado oficialmente su posición respecto a esta propuesta gubernamental.
