La administración de la Generalitat ha aplicado las primeras medidas sancionadoras contra propietarios que incumplieron la normativa de vivienda, generando multas por 120.000 euros en total. Estos expedientes proceden de dos organismos: la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia del Habitatge de Catalunya. La coordinadora de los comunes informó que existen en tramitación otros 132 expedientes adicionales que podrían significar sanciones cercanas al medio millón de euros.
Esta acción administrativa permitió al Govern avanzar en negociaciones presupuestarias estancadas desde diciembre. Cataluña funciona bajo cuentas prorrogadas del año 2023, sin presupuestos nuevos desde hace meses. La representante de los comunes criticó la tardanza del gobierno, señalando que durante un año no había aplicado sancción alguna, aunque el ejecutivo defendió que estos procesos requieren garantías procedimentales.
Los expedientes de Consumo incluyen infracciones por incrementar rentas sin conceptos justificados y actuar como administrador de fincas sin autorización legal. Estas violaciones resultaron en 27.000 euros de multas. Adicionalmente, se impusieron sanciones por no informar adecuadamente sobre índices de precios en mercados tensionados, alcanzando 1.750 euros. Dos sanciones de la agencia de vivienda totalizaron 60.000 euros cada una.
Funcionarios de la Generalitat se reunieron con la formación de izquierdas en el Palau para tratar sobre el tercer suplemento de crédito acordado previamente. Este mecanismo constituyó la estrategia del Govern para evitar una prórroga presupuestaria indefinida. Los comunes verificaron cumplimiento en sectores como educación y sanidad, elementos clave para reanudar negociaciones.
El conjunto de medidas representa un cambio de posición tras meses de inactividad regulatoria. La ejecución de sanciones demuestra inicio de aplicación normativa en vivienda. Las perspectivas de nuevos expedientes indican intensificación de controles sobre el cumplimiento legal del sector inmobiliario en Cataluña.
