Isabel Díaz Ayuso sostiene que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez responde únicamente a intereses electoralistas. La presidenta madrileña difunde afirmaciones sobre derechos de voto que contradicen la Constitución española. Según el artículo 2 de la Carta Magna, solo los españoles mayores de edad pueden ejercer el derecho de sufragio, no los extranjeros que obtengan residencia. Ayuso niega que la medida busque “humanidad” y la califica de “manipulación” del censo electoral.
Durante una entrevista televisiva, Ayuso expresó que el Gobierno necesita “ciudadanos pobres para vivir de la pancarta y la subvención”. La regularización se ejecuta mediante real decreto, eludiendo la aprobación parlamentaria. Este procedimiento afecta a extranjeros residentes antes del 31 de diciembre de 2025 que demuestren cinco meses de permanencia. Obtener papeles no otorga automáticamente nacionalidad española, sino que esta se puede solicitar después de dos o diez años según el país de origen.
El Partido Popular inicialmente alineó su crítica con la de Ayuso, acusando al Ejecutivo de alterar el censo electoral. Sin embargo, rectificó su posición días después mediante su vicesecretaria de inmigración. Alma Ezcurra reconoció que los extranjeros regularizados podrían votar solo a medio plazo, no en las próximas elecciones generales ni municipales de 2027. Pese a esto, Ayuso reiteró su argumento original sin mencionar esta corrección.
Ayuso aseguró que la medida permitiría votar a “un millón más que en 2023” en comicios municipales y autonómicos. Las estimaciones sobre beneficiarios varían entre 500.000 y 800.000 personas. La presidenta también acusó al Gobierno de utilizar la inmigración para “transformar culturalmente a España”, argumentando que todo ocurre “al margen del Estado de Derecho”. Expresó preocupación por el impacto en servicios públicos dependientes de autonomías y ayuntamientos.
Ayuso advirtió sobre un supuesto efecto llamada que traería “otro millón, dos o tres millones” de personas, aunque sin fundamentación. Regularizaciones pasadas demuestran que no se produjo efecto llamada alguno. La presidenta cuestionó la falta de planificación estatal sobre vivienda y recursos sanitarios. Culpó al Gobierno de invitar migrantes mientras las comunidades autónomas “gestionamos los desastres que causa”.
Ayuso utilizó la polémica para intensificar su confrontación con Sánchez, acusándolo nuevamente de corrupción y pidiendo su dimisión. Expresó que España se dirige hacia un modelo basado en “jubilación, subsidio y gasto público desaforado”. Estudios económicos independientes muestran efectos positivos de regularizaciones migrantes. El impacto fiscal por cada persona regularizada oscila entre 3.300 y 4.000 euros anuales por cotizaciones e impuestos, considerando que el gasto en servicios públicos es proporcionalmente menor.
