En Alicante, la primera promoción de vivienda pública en dos décadas representaba una oportunidad excepcional. Se trataba de viviendas de tres y cuatro habitaciones con garaje y trastero, ubicadas en una urbanización dotada de piscina, instalaciones deportivas, gimnasio y centro social. La localización en La Condomina, en el distrito de Playa de San Juan, ofrecía precios muy inferiores a los del mercado en una zona de alto valor inmobiliario. Sin embargo, la asignación de estas viviendas careció de mecanismos de control y publicidad.
El promotor privado adjudicó directamente las viviendas sin procedimientos transparentes. Entre los beneficiados figuran personas que posteriormente ocuparían cargos públicos importantes. Una de ellas se convirtió en concejala de Urbanismo; otra era directora general municipal y ha dimitido tras conocerse que sus dos hijos obtuvieron viviendas en la promoción. También se benefició un arquitecto municipal. El PSOE califica esta situación como el escándalo urbanístico más relevante del mandato actual.
Los socialistas denuncian falta de control tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat Valenciana. El consistorio renunció a ejercer supervisión e incluso rechazó constituir una comisión de seguimiento en 2018. La administración autonómica, por su parte, autorizó la promoción sin examinar adecuadamente los criterios de asignación. Los requisitos formales eran mínimos: mayoría de edad, destino como primera residencia e ingresos familiares no superiores a 54.000 euros anuales.
La parcela cedida al promotor privado se encuentra en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, donde los precios superan 400.000 euros. La promoción nunca se publicitó entre la ciudadanía, a pesar de que Alicante enfrenta una crisis habitacional severa con miles de familias registradas en programas públicos de vivienda. Las llaves fueron distribuidas por el constructor sin fiscalización pública, convirtiendo la oportunidad en beneficio exclusivo de personas con conexiones.
El alcalde Luis Barcala anunció que investigará los hechos y los remitirá a la Fiscalía si existen sospechas. Los socialistas solicitan un pleno extraordinario para que el alcalde ofrezca explicaciones y exigen responsabilidades a las autoridades autonómicas. Demandan acceso al listado completo de adjudicatarios y explicaciones sobre la ausencia de controles. La investigación también será presentada ante la agencia Antifraude del Consell.
Los socialistas subrayan la urgencia de esclarecer los hechos, ya que generan desconfianza ciudadana en un contexto de crisis de acceso a vivienda. Además, cinco nuevas parcelas municipales han sido ofrecidas para promociones de protección pública mediante el Plan Vive de la Generalitat. Ninguna de estas parcelas se localiza en Playa de San Juan, a diferencia de la promoción de lujo que benefició a empleados públicos.
