Podemos enfrió significativamente los planes del Gobierno respecto a Junts y los Presupuestos Generales. El partido morado estableció una condición clara: solo negociará la transferencia de competencias migratorias a Cataluña una vez que se implemente efectivamente la regularización de más de medio millón de inmigrantes. Sin esta garantía previa, las conversaciones no comenzarán.
Esta posición de Podemos supone retrasar el diálogo con el Ejecutivo aproximadamente cuatro meses, lo que desplazaría cualquier votación parlamentaria hacia mayo, junio o julio. Un retraso de esta magnitud obstaculiza los planes presupuestarios del Gobierno, que necesitaba recuperar el apoyo de Junts para avanzar legislativamente con garantías.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, fue contundente en sus declaraciones: primero debe materializarse la regularización, después negociaremos. Su enfoque busca verificar que lo acordado sobre papel se convierte en realidad efectiva y que no emerjan obstáculos en el proceso de regularización migratoria.
El Ejecutivo estima que las solicitudes de regularización comenzarán a principios de abril, con cierre el treinta de junio de dos mil veintiséis. El procesamiento individual requiere aproximadamente un mes, lo que situaría las primeras respuestas en mayo. Podemos fundamenta su cronograma en estos tiempos reales de implementación, rechazando promesas sin cumplimiento previo.
Belarra fue explícita: Podemos no acepta promesas vacías del Gobierno. Señaló que anteriormente el Ejecutivo ha incumplido compromisos reiteradamente, por lo que exige pruebas tangibles de que la regularización funciona antes de avanzar en otras negociaciones políticas.
Más allá del calendario de implementación, Podemos plantea objeciones substantivas respecto al contenido legislativo. Rechaza completamente cualquier enfoque que considere racista en política migratoria. Belarra especificó que el problema no reside solamente en el preámbulo, sino en el articulado completo que regula la delegación de competencias.
Podemos cuestiona la política migratoria nacional actual, que incluye redadas basadas en perfiles étnicos, centros de internamiento de extranjeros y securitización represiva. La formación se niega a respaldar cualquier iniciativa que perpetúe estas prácticas y compromete su oposición permanente a estos mecanismos.
Junts se había resistido previamente a modificar el articulado, considerando suficientes ajustes en el preámbulo. Sin embargo, Podemos exige cambios profundos en el contenido normativo, no solo declaraciones de intenciones. Esta divergencia sustancial complica significativamente las negociaciones futuras.
La proposición de ley requiere aproximadamente mes y medio de trámite parlamentario incluso con carácter de urgencia. Combinado con los cuatro meses iniciales para implementar la regularización, la aprobación definitiva podría posponerse hasta septiembre, alterando completamente el calendario legislativo gubernamental.
