La violencia en Sinaloa resurge con intensidad tras nuevos hechos delictivos que demuestran la persistencia de la crisis de seguridad. En las últimas 24 horas, dos diputados fueron atacados a balazos en Culiacán y diez mineros fueron secuestrados al sur del estado. Estos eventos reflejan la continuidad de una guerra intestina entre facciones del crimen organizado que ha azotado la región durante más de un año.
La administración Sheinbaum enfrentó esta situación priorizándola desde su inicio. El despliegue federal con participación del Ejército no ha logrado disminuir la violencia según los datos duros, pese a incrementos en decomisos de droga y detención de capos. Aunque se han registrado golpes significativos contra líderes criminales, la cifra de homicidios continúa en ascenso y se acumulan crímenes de fuerte impacto social.
La respuesta presidencial incluye un viaje anunciado al estado para reunirse con autoridades locales, empresarios y ciudadanía. Se anunció el despliegue de 1.600 militares adicionales incluyendo un equipo de fuerzas especiales. Sin embargo, los operativos militares generan controversia, como la muerte de un abogado de 24 años que fue confundido con objetivo criminal, provocando protestas en la capital estatal.
Expertos advierten sobre una descomposición general del contexto de seguridad que trasciende enfrentamientos entre grupos criminales. El ataque a los diputados sugiere posibles motivaciones políticas relacionadas con procesos electorales futuros. El secuestro de trabajadores mineros apunta hacia prácticas de extorsión de magnitud sin precedentes registrados recientemente en la región.
Los indicadores de 2024 muestran cifras históricas preocupantes tras la guerra iniciada en septiembre entre grupos rivales. Los asesinatos aumentaron 66 por ciento, las desapariciones 44 por ciento y los feminicidios más de 130 por ciento. Sinaloa cerró como el cuarto estado más violento del país pese a los esfuerzos de seguridad implementados.
Las detenciones de cabecillas como Pedro Inzunza Noriega, acusado de dirigir sofisticadas redes de fentanilo, representan golpes significativos. Sin embargo, académicos advierten que reemplazar operadores no elimina las estructuras criminales profundas. Los vínculos entre autoridades y criminales permanecen intactos, generando preocupación sobre posible agudización de la violencia en contextos electorales.
La presidenta mantiene apoyo al gobernador Rubén Rocha pese a acusaciones de posibles vínculos con crimen organizado. Algunos círculos cercanos sugieren distancia prudente ante riesgos de revelaciones de arreglos políticos. Esta posición refleja tensiones internas sobre la estrategia de seguridad en una entidad históricamente vinculada al poderoso Cartel de Sinaloa.
