La regulación de la inmigración representa una solución que los agricultores españoles celebran ante la escasez de trabajadores agrícolas
Las organizaciones agrarias españolas acogen favorablemente la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 personas extranjeras que residen en el país. Consideran que el sector primario será uno de los más beneficiados por esta medida gubernamental. Desde los sindicatos se estima que alrededor de 200.000 migrantes que trabajan sin documentación podrán regularizar su situación laboral.
El sector agrícola ha denunciado persistentemente la escasez crítica de trabajadores para las tareas de cosecha. La dificultad se concentra especialmente en encontrar personal cualificado para manejar maquinaria y realizar labores especializadas. La regularización reduce el período de arraigo de dos años a cinco meses para obtener permisos de trabajo y residencia. Esta aceleración beneficiará principalmente a quienes llegaron antes del 31 de diciembre anterior.
En zonas agrícolas andaluzas, particularmente la vega del Guadalquivir, la falta de mano de obra se ha intensificado por la coincidencia de múltiples cosechas. La recolección de aceitunas y cítricos genera millones de jornales anuales, concentrándose la mayoría en Andalucía. En otras regiones como Extremadura, la escasez fuerza cambios en la producción hacia cultivos más mecanizados.
A finales de 2025, el Sistema Especial Agrario registraba 248.217 afiliados extranjeros, representando el 36,91% del total. Marruecos, Rumania y Senegal aportan el mayor número de trabajadores agrícolas. Andalucía concentra la mayor población de afiliados extranjeros, seguida por Murcia y la Comunidad Valenciana.
A pesar de la regularización, persisten desafíos estructurales en el empleo agrario. Aunque el desempleo agrícola alcanza 133.000 personas, el sector continúa destruyendo empleo por mecanización y limitaciones legales. Muchos jornaleros no pueden trabajar porque es incompatible con subsidios o rentas agrarias establecidas.
Los líderes agrarios demandan mayor información sobre los procedimientos de regularización migratoria. Solicitan una mesa de diálogo en el Ministerio de Empleo para integrar efectivamente esta mano de obra en la actividad primaria. Buscan asegurar que los trabajadores regularizados se incorporen adecuadamente al sector.
Además de la regularización, las organizaciones plantean medidas alternativas para resolver la falta de trabajadores. Proponen aumentar el número de jornadas requeridas para acceder a rentas agrarias y permitir que trabajadores mayores de 52 años combinen empleo con subsidios. Esto mejoraría sus cotizaciones y pensiones futuras.
La ausencia de relevo generacional agrava la situación laboral agraria. Las pensiones insuficientes obligan a agricultores a continuar trabajando más allá de los 65 años. Los mayores permanecen en el campo por la inadecuación de sus prestaciones sociales, impidiendo que jóvenes accedan a empleos agrícolas.
