La subida del mar obliga a los Países Bajos a proteger sus territorios caribeños según la sentencia judicial
Un tribunal de La Haya ha emitido una sentencia que obliga al Estado neerlandés a proteger Bonaire del cambio climático. La isla caribeña, municipio especial de Países Bajos ubicado frente a las costas de Venezuela, alberga aproximadamente 27.000 habitantes. El fallo determina que estos residentes han sido discriminados respecto a los ciudadanos europeos del país, quienes sí cuentan con planes de protección climática integral.
El juez Jerzy Luiten señaló que Bonaire ya experimenta inundaciones por tormentas tropicales y lluvias extremas. Investigadores advierten que la situación empeorará significativamente, con proyecciones indicando que partes de la isla estarán sumergidas hacia 2050. El magistrado enfatizó que los países no pueden evadir responsabilidades climáticas culpando a otros, pues así nunca se alcanzarán objetivos de protección ambiental.
Un estudio de la Universidad Libre de Ámsterdam, encargado por Greenpeace, reveló que una quinta parte de Bonaire podría desaparecer bajo el agua antes del año 2100. Las consecuencias del cambio climático incluyen no solo inundaciones, sino también aumentos en enfermedades transmitidas por mosquitos y deterioro de la salud mental debido al estrés térmico. Estos riesgos justificaron plenamente la intervención judicial.
El tribunal ordenó al Estado nerlandés establecer objetivos vinculantes para reducir emisiones de CO₂ en un plazo de dieciocho meses. Además, debe elaborar un plan de adaptación específico para Bonaire que sea operativo en 2030. Esta decisión representa un hito significativo, siendo la primera desde que la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas advirtiera que los países inactivos en cambio climático violan derecho internacional.
Jackie Bernabela, una de las ocho demandantes, expresó que los jueces finalmente los escucharon como ciudadanos de primera clase. Marieke Vellekoop, directora de Greenpeace en Países Bajos, consideró que esta sentencia podría sentar precedente global. El Gobierno argumentó que estas cuestiones corresponden a administraciones nacionales, no a jueces, pero la corte rechazó esta posición.
El Gobierno nerlandés actual persigue reducir emisiones de CO₂ en un 55% para 2030 respecto a 1990. Rob Jetten, futuro primer ministro de orientación liberal-progresista, fue responsable de clima entre 2022 y 2024, promoviendo leyes que disminuyan la dependencia nacional de combustibles fósiles. La sentencia de Bonaire ahora restringe significativamente el margen político para políticas climáticas insuficientes.
Este tribunal ya protagonizó otro caso innovador: Urgenda, organización ecologista que logró en 2019 ordenar reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 25,5% comparadas con 1990. Argumentaron protegiendo derechos fundamentales como el derecho a la vida. Este precedente abrió camino a litigios globales similares, incluyendo el de Klimaseniorinnen suizo, que ganó en 2024 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración del derecho a la vida privada.
