El magistrado del Tribunal Supremo que dirige la investigación del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha rechazado acelerar los trabajos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Cerdán solicitaba que se apresurara la entrega del informe patrimonial encargado en junio. El juez criticó la impaciencia de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, investigado por presuntos fraudes en adjudicaciones de obra pública.
La defensa de Cerdán argumentó que su cliente sufría una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Señalaba que todas las resoluciones judiciales e informes de la Guardia Civil lo presentaban como presunto cabecilla de una trama de sobornos. También están implicados en la investigación el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Puente respondió rechazando categóricamente que existiera vulneración de derechos fundamentales. Aclaró que ninguna resolución afirma culpabilidad de Cerdán ni de otros investigados. Explicó que únicamente ha expuesto los indicios que justificaban las imputaciones y la prisión provisional del exdirigente socialista.
El magistrado reconoció comprender la urgencia de la defensa, pero determinó que actualmente es imposible acelerar el proceso. Sin embargo, prometió que el informe se aportaría próximamente y a la mayor brevedad posible. Destacó que se trabaja intensamente en la instrucción de la causa.
Cerdán negó ser propietario del 45% de Servinabar, empresa que la Guardia Civil considera una pantalla para cobrar sobornos. La defensa argumentó que la mercantil navarra realiza actividad real y que sus trabajadores efectuaban labores remuneradas. Aseguró que las acusaciones carecían de fundamento.
Los investigadores constataron que Servinabar obtenía principalmente el 2% de las obras públicas conseguidas a través de Acciona o de Uniones Temporales de Empresas. Se calculó que el 75,5% de los ingresos de esa sociedad provenían del gigante de la construcción.
La Guardia Civil identificó a Cerdán y su entorno familiar como beneficiarios del patrimonio de Servinabar. Su hermana Belén fue contratada por la empresa; su esposa Francisca trabajó para Noran, cooperativa vinculada a la mercantil navarra; y su cuñado Antonio laboró como peón en obras investigadas. Estos vínculos constituían presuntas contraprestaciones según los agentes.
