Bruselas endurece su política de visados para lograr fronteras más sólidas mientras España lleva a cabo una regularización masiva de migrantes
La Comisión Europea presentó el miércoles un endurecimiento en su política de visados y procedimientos de retorno, buscando prevenir la migración irregular y establecer fronteras más sólidas. Esta decisión contrasta marcadamente con la aprobación española de una regularización masiva de inmigrantes, anunciada apenas dos días antes por el Gobierno.
Aunque ambas iniciativas abordan cuestiones migratorias, sus enfoques divergen significativamente. La estrategia comunitaria se centra en endurecer controles fronterizos y acelerar deportaciones, mientras España opta por legalizar la situación de personas ya presentes en su territorio. Este contraste refleja las profundas diferencias filosóficas entre la política migratoria europea y la española.
España ha permanecido prácticamente aislada al rechazar los centros de expulsión fuera de la Unión Europea, manteniendo su defensa de colaboración con países emisores para frenar migraciones. La Comisión sostiene que fronteras fuertes garantizan control efectivo y que retornos rápidos y dignos son indispensables para la credibilidad del sistema de asilo europeo. Este posicionamiento se ha convertido en la línea predominante en toda Europa.
Las autoridades de Bruselas evitan pronunciarse sobre la decisión española, argumentando competencias nacionales. El comisario Magnus Brunner afirmó que regularizar migrantes es responsabilidad de Estados miembros, diferenciando entre prevenir migración irregular en fronteras y gestionar poblaciones ya establecidas internamente. Explicó que cada país decide políticas legales de migración según sus necesidades laborales.
Las declaraciones de Brunner representan un freno para la oposición española, que ha intentado escalar la cuestión a nivel europeo argumentando que regularizaciones masivas afectan a toda la Unión. Bruselas fue rotunda: no tiene competencias legislativas sobre decisiones nacionales de regularización. Esta postura reafirma la autonomía estatal en materia migratoria interna, aunque mantiene control europeo sobre fronteras exteriores.
