Víctor de Aldama, presunto intermediario del caso Koldo, declaró ante el juez Santiago Pedraz acerca de un sobre procedente de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Aldama vinculó el sobre con financiación ilegal del PSOE, asegurando que se lo entregó Delcy Rodríguez, actual presidenta venezolana. El empresario se negó a proporcionar detalles sobre el contenido o la finalidad del mismo, sugiriendo un posible acuerdo con la Fiscalía al mencionar que el tema se trataba en privado con el fiscal anticorrupción.
El sobre había aparecido en una fotografía con Manuel Quevedo Fernández, entonces presidente de PDVSA, como remitente y Rodríguez como destinataria. La Guardia Civil sospechaba que Aldama lo entregó a su socio Alberto Escolano para su custodia. Cuando detuvieron a Escolano, el sobre no fue encontrado. Aldama también relacionó el sobre con supuesta financiación ilegal de la Internacional Socialista, aunque no profundizó en ello durante su comparecencia judicial.
Durante la declaración, Aldama dirigió nuevamente sus acusaciones hacia Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. Aseguró que el ex presidente canario intentó cerrar negocios con Koldo García e inversores privados para instalar depósitos fiscales en zonas portuarias exentas de impuestos. Según su versión, García y otros empresarios viajaron a Canarias para negociar, aunque finalmente el proyecto no se concretó por falta de infraestructura adecuada.
Respecto al fraude de combustibles investigado, que el juez cifró en 220 millones de euros, Aldama se distanció de su socio Claudio Rivas, dueño de Villafuel. Trasladó responsabilidades a Carmen Pano, empresaria identificada como posible testaferro. Aseguró que Pano pagó entre 40.000 y 50.000 euros para favores relacionados con Have Got Time, otra empresa, no con Villafuel. Aldama ironizó afirmando que si Villafuel hubiera buscado su intervención, habría obtenido la licencia en menos tiempo.
Aldama negó categóricamente las declaraciones de Pano sobre 90.000 euros entregados en la sede del PSOE en Ferraz. Rechazó acusaciones de cobrar comisiones ilegales, declarando que todo lo percibido fue debidamente facturado e impuesto. Se presentó como mero intermediario cuya relación con Rivas se limitaba a negocios inmobiliarios, surgiendo el tema de Villafuel posteriormente a través de terceros.
Aldama también se refirió a presiones ejercidas a través de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, quien según su relato contactaba constantemente con jefes de gabinete ministeriales. Describió a García como alguien que “tiraba como una ametralladora” en sus gestiones. Marc Pons, exjefe de gabinete de Transición Ecológica, testificó reconociendo encuentros con García pero desvinculándolos completamente de la licencia de Villafuel.
El empresario cifró en aproximadamente 180.000 euros la comisión pactada con Have Got Time para asuntos diversos, aclarando que no se logró obtener los objetivos propuestos y la comisión nunca fue cobrada. Rechazó también la cifra de un millón de euros mencionada por la Guardia Civil para comprar voluntades, atribuyéndola a un error en el cálculo que incluiría el valor de un chalet de La Alcaidesa alquilado a Ábalos.
Fuentes del PSOE descalificaron las acusaciones de Aldama como un nuevo intento de desviar atención de su situación legal. Reiteraron que no existe financiación irregular en el partido y señalaron que esta es una estrategia del empresario desde que su situación judicial se complicó. Insistieron en que los controles internos y externos demuestran la legalidad de sus cuentas y reafirmaron su compromiso con la colaboración judicial y tolerancia cero ante irregularidades.
