La legislación francesa elimina la obligación legal de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio denominada "deber conyugal"
Francia elimina el deber conyugal del ordenamiento legal, una obligación arcaica que exigía relaciones sexuales dentro del matrimonio. La Asamblea Nacional votó a favor de esta medida con amplio apoyo multipartidista, excepto de la extrema derecha. Esta decisión representa un avance significativo en la protección del consentimiento y la autonomía personal dentro de las parejas casadas.
El Código Civil francés reconoce cuatro deberes matrimoniales: fidelidad, sostenimiento, asistencia y convivencia. Aunque el “deber conyugal” nunca se mencionó explícitamente, los jueces interpretaron la convivencia como obligación de compartir lecho. Esta interpretación permitió que se perpetuara en la práctica una noción discriminatoria que afectaba principalmente a las mujeres dentro del matrimonio.
Un caso emblemático en 2019 evidenció las consecuencias de esta norma: un hombre obtuvo el divorcio alegando que su esposa se negaba a mantener relaciones sexuales. Aunque ella recurrió la sentencia, los tribunales franceses confirmaron el fallo. El asunto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a Francia por permitir relaciones sexuales coercitivas amparadas en la ley. El tribunal determinó que esta práctica violaba la libertad sexual y el consentimiento.
Los diputados que impulsaron la reforma, Marie-Charlotte Garin y Paul Christophe, argumentaron que mantener esta noción respaldaba un sistema de dominación hacia las mujeres. Christophe destacó que en Francia uno de cada cuatro hombres considera normal que una mujer tenga relaciones por obligación. La nueva ley clarifica que la convivencia no incluye ninguna obligación sexual y elimina el divorcio por falta de relaciones.
La reforma llega después de que Francia modificó su Código Penal en octubre para redefinir la violación incluyendo explícitamente el consentimiento. Se considera violación todo acto sexual no consentido, siendo el consentimiento libre, informado, específico y revocable. Esta definición se aceleró tras el mediático juicio contra los violadores de Gisèle Pelicot. La ley debe pasar aún por el Senado para su aprobación definitiva antes del verano.
