Aproximadamente cincuenta agentes de la Policía Nacional de Baleares y la Policía Local de Palma realizaron un operativo en la mañana del miércoles en el recinto de la antigua prisión palmesana. El objetivo fue identificar a residentes y verificar requisitorias judiciales pendientes. La acción conjunta respondió a razones de seguridad ciudadana tras incrementarse las quejas por robos vehiculares, consumo de drogas y conflictos entre los aproximadamente doscientos habitantes que viven en condiciones precarias desde hace años.
El recinto, abandonado desde mil novecientos noventa y nueve, presenta deterioro severo en sus instalaciones. Acumulación de basura, filtraciones de agua, moho y riesgo de derrumbe caracterizan las condiciones. Las torres de vigilancia han sido adaptadas como viviendas improvisadas donde los residentes cocinan, secan ropa y duermen. El patio permanece sepultado bajo montañas de desechos, colchones, botellas y restos de envases alimentarios.
Algunos habitantes como una pareja con empleos formales han instalado su hogar en celdas pequeñas que mantienen limpias y cerradas. Ella trabaja en un comedor escolar y él como albañil, pero los precios de alquiler en la ciudad les impiden acceder a vivienda convencional. Agua calentada manualmente y alimentos preparados sin servicios básicos caracterizan su rutina diaria. Reconocen que el operativo fue necesario debido a incendios provocados deliberadamente y actividades delictivas de grupos específicos dentro del recinto.
Residentes como Gemma González denuncian quemas frecuentes de materiales cada dos o tres días que crean riesgos adicionales. Ella trabaja como limpiadora pero carece de recursos para pagar alquiler. Aunque algunos sectores mantienen galerías limpias mediante esfuerzo propio, la inseguridad generalizada y los incidios protagonizados por ciertos moradores afectan la convivencia del lugar.
Los vecinos del barrio reportan incremento significativo en delincuencia callejera vinculada con la antigua prisión. Robos vehiculares, hurtos de bolsos y sustracción de componentes de farolas urbanas son denunciados frecuentemente. El presidente de la asociación vecinal de Cas Capiscol señala que mafias operan vendiendo drogas y alquilando celdas ilegalmente, generando mal ambiente y degradación social en la zona circundante.
Los incendios provocados representan un problema crítico especialmente para el colegio adyacente al recinto. Los residentes del barrio han convocado manifestación para exigir soluciones al gobierno municipal sobre este conflicto prolongado. El terreno municipal requiere intervención judicial dado el asentamiento permanente de personas sin hogar alternativo. Mientras persista la crisis habitacional, expertos señalan que situaciones similares continuarán reproduciéndose.
Dentro del recinto, un salón improvisado con mantel y sofá representa los espacios de convivencia. Un hombre desempleado de cincuenta y cinco años, llevando dos meses en la prisión, lamenta la falta de apoyo de servicios sociales municipales. Cruz Roja ofrece alimentos y ropa semanalmente, pero asistencia gubernamental es inexistente. Los residentes denuncian abandono completo por parte del Ayuntamiento de Palma respecto a sus necesidades básicas y derivación hacia soluciones habitacionales dignas.
