El ministro del Interior español Fernando Grande-Marlaska ha decidido no asistir personalmente a la sesión de hoy de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Este organismo investigó el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate y emitió un informe crítico que acusa al ministro de haber obstruido la labor de los eurodiputados enviados para examinar las circunstancias de las muertes y las condiciones laborales de los agentes en el Campo de Gibraltar.
En lugar de comparecer ante la comisión, Marlaska ha optado por enviar una carta al presidente del organismo, el polaco Bogdan Rzonca. En el documento sostiene que España actúa con firmeza contra el crimen organizado y la violencia dirigida a los funcionarios policiales. Detalla también las medidas que el Gobierno ha implementado para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a garantizar la seguridad de los investigadores en operaciones contra el narcotráfico.
La carta fue remitida el 26 de enero tras una invitación que Rzonca cursó a solicitud del grupo de Patriots, en el que se encuadra Vox, con respaldo del PP. De esta manera, Marlaska elude comparecer ante los grupos políticos y evita ofrecer explicaciones directas sobre la investigación europea realizada en Andalucía.
David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, fue quien impulsó la misión de investigación que se desplazó a Andalucía en mayo de 2025. Esta comisión analizó la muerte de los dos agentes ocurrida en febrero de 2024, cuando fueron arrollados por una narcolancha mientras patrullaban. El sindicato y los grupos políticos esperaban conocer hoy del ministro si el Gobierno atenderá las recomendaciones del informe europeo.
El informe concluyó que el Gobierno español retiró pruebas clave relacionadas con las muertes, considerando esta acción una grave obstrucción a la investigación. Específicamente, criticó que se retirara la embarcación patrullera involucrada en el asesinato de Barbate, impidiendo su examen por los eurodiputados. Fuentes del Ministerio del Interior argumentan que la invitación no constituye formalmente una petición de comparecencia y que la información ha sido remitida mediante la carta.
El informe europeo recomendó la restauración de unidades especializadas antidroga como la OCON-Sur, desmantelada 16 meses antes de los hechos fatales. Solicitaba que la unidad sustituta contara con financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo como el Campo de Gibraltar.
Las recomendaciones del informe también instaban al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a impulsar propuestas para incluir los actos violentos contra agentes en la lista de eurodelitos y para clasificar todas las fuerzas policiales de los Estados miembros como profesiones de alto riesgo, garantizando protección especial a nivel europeo.
