Las autoridades detuvieron al propietario de un bar ubicado en l’Alqueria de la Comtessa, Valencia, tras descubrirse dos cámaras ocultas en los baños de hombres que funcionaban continuamente. La Guardia Civil confiscó cinco discos duros que contenían más de 5.000 gigabytes de grabaciones. El análisis del material requiere autorización judicial, por lo que aún se desconoce la cantidad total de personas afectadas por esta violación de privacidad.
Un ciudadano alertó a través de la aplicación Alertcops sobre la presencia de dispositivos de vigilancia clandestinos en las instalaciones sanitarias del local. Durante la inspección realizada en este municipio de 1.547 habitantes cercano a Gandía, los agentes confirmaron que las cámaras estaban conectadas a un equipo informático que almacenaba el contenido en múltiples discos duros.
El detenido, de 48 años, enfrenta acusaciones por delito continuado contra la intimidad personal. La investigación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil del puesto de Oliva y los expedientes han sido remitidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía para su continuación.
Según Vicente Ibor, penalista valenciano, estos actos pueden clasificarse como delito de revelación de secretos conforme al artículo 197 del Código Penal. Las grabaciones en espacios sanitarios conllevan penas de dos a seis años. El Tribunal Supremo ha confirmado condenas de tres años en casos similares. Con sentencias de dos años sin antecedentes previos en España, es posible evitar el encarcelamiento.
La gravedad de los cargos aumenta considerablemente si existiera distribución de contenido con intención lucrativa o publicación en plataformas digitales y sitios para adultos. La pluralidad de víctimas y la difusión de las imágenes agravan significativamente la pena al tratarse de delito continuado. Cualquier condena incluye indemnización por daños y perjuicios a los afectados.
