El juez Rubén Rus ha dispuesto la investigación del patrimonio del exministro Cristóbal Montoro y de otros investigados en una causa sobre presunta influencia en el Gobierno de Mariano Rajoy. La pesquisa, radicada en Tarragona, examina una supuesta trama vinculada al despacho Equipo Económico que habría buscado lograr legislación favorable para empresas gasistas durante el período 2011-2018.
A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal ha requerido al Registro Mercantil que suministre documentación completa del despacho Equipo Económico de diecisiete años. El magistrado considera esencial contrastar esta información con datos de la Agencia Tributaria y con reportes previos de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Hacienda para esclarecer los movimientos financieros.
Según informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, las empresas gasistas investigadas desembolsaron 673.500 euros a Equipo Económico por servicios supuestamente prestados. Un correo hallado en las primeras fases de la investigación sugiere que el despacho constituía “la vía más directa” para conseguir los objetivos empresariales debido a su “contacto directo con el ministro de Hacienda”. El juez busca verificar si realmente se prestaron servicios de consultoría correspondientes a estos pagos.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios pagaban para conseguir modificaciones legales favorables sin que Equipo Económico realizara trabajo tangible más allá de ejercer su influencia política. Montoro ha argumentado mediante su defensa que se desvinculó del despacho antes de incorporarse al Ejecutivo, distanciándose de cualquier posible irregularidad. La investigación, que comenzó en 2018, permanecía paralizada desde hace varios meses.
El tribunal ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que incorporen los correos mencionados en informes de la Agencia Tributaria de 2023 para permitir que los investigados accedan a ellos. Estas diligencias responden tanto a peticiones de Anticorrupción como a un escrito presentado por la acusación popular del PSOE, que solicitó información registral sobre el despacho y pidió esclarecer el origen de una transferencia desde Luxemburgo hacia la cuenta de Montoro denominada “pensión complementaria”.
La acusación socialista ha instado a reactivar los interrogatorios de veintitrés personas y seis entidades investigadas, además de reclamar nueva información bancaria y tributaria. Con estas actuaciones, el instructor reactiva una causa que había permanecido adormecida, retomando la pesquisa sobre la trama presuntamente urdida para influir en decisiones gubernamentales mediante el acceso político del despacho.
