Durante esta semana, el presidente Gustavo Petro expresó entusiasmo por una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que mostró un 48.8% de imagen positiva hacia su gestión. Este porcentaje representa su evaluación más favorable en bastante tiempo. Sin embargo, ese optimismo lo llevó a revelar una aspiración que mantiene latente: su deseo de perpetuarse en el poder.
El razonamiento que utiliza no es novedoso en Colombia. Petro argumenta que si las instituciones y normas se oponen a su permanencia, eso constituiría obstrucción antidemocrática a los deseos de justicia. Este planteamiento recuerda el famoso “estado de opinión” de Uribe, donde ambos líderes buscan descartar restricciones institucionales en favor de lo que supuestamente desean las mayorías que quieren su continuidad en el cargo.
Aunque la teoría contractualista reconoce que cedemos poder al Estado para que nos organice y proteja, la historia demuestra que quienes gobiernan enfrentan tentaciones enormes de acumular autoridad. Madison ya lo señalaba: sin controles, el poder tiende hacia el abuso. Por eso las democracias diseñan instituciones con contrapesos, alternancia y límites para resistir estos impulsos humanos inevitables.
Cuando un mandatario considera que el Estado de derecho es prescindible y puede ser superado por la opinión de las mayorías, precisamente en ese momento resulta más urgente defender esas restricciones institucionales. Un poder sin vigilancia ni limitaciones encuentra rápidamente caminos hacia la tiranía y el abuso sistemático.
En el populismo de Petro, las instituciones se presentan como herramientas de oligarquías que obstaculizan el verdadero cambio. Este discurso cumple una función dual: justifica la falta de resultados gubernamentales y simultáneamente proporciona el argumento perfecto para eliminar normas e instituciones si se promete una transformación profunda.
Ese llamado entraña riesgos gravísimos para la democracia. Petro pide fe ciega en un liderazgo supremo, sugiriendo que todo el aparato normativo que frena la acumulación ilimitada de poder es innecesario con él. Fundamentalmente, solicita romper el contrato entre gobernante y sociedad, pidiendo confianza absoluta cuando precisamente ese documento es más vital que nunca.
