La formación política Teruel Existe ha decidido intervenir como acusación popular en los procedimientos judiciales del ‘caso Koldo’ que se tramitan en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Esta decisión llega después de que la UCO realizara registros en diciembre en las instalaciones de Forestalia y en el Ministerio de Transición Ecológica, organismos clave en la investigación en curso.
Tomás Guitarte, candidato a la presidencia de Aragón por esta formación, comunicó que el objetivo es garantizar la defensa de los intereses generales de los aragoneses. Considera que las actuaciones judiciales revelan indicios de que la trama investigada en el caso Koldo ha operado en territorio aragonés, específicamente en asuntos vinculados con proyectos de energías renovables en la región.
La lucha contra proyectos energéticos en zonas de especial protección ambiental en la provincia de Teruel constituye uno de los principios fundamentales de Teruel Existe desde su creación. Por ello, la formación estima que resulta imprescindible personarse en el procedimiento para proteger a la ciudadanía y vigilar cualquier desvío de recursos públicos o conducta irregular que pudiera estar conectada con estas iniciativas en el territorio.
Guitarte expresó sorpresa por el hecho de que ningún otro partido político aragonés haya intentado participar como acusación en este proceso judicial. Señaló que esperaba que formaciones con mayor poder institucional asumieran este papel, pero al no hacerlo, consideran que su participación es fundamental para esclarecer los hechos relacionados con la masiva implantación de energías renovables en Aragón.
El Clúster del Maestrazgo emerge como el núcleo de estas sospechas. Este proyecto constituirá el mayor parque eólico de España una vez completado y se desarrollará en una zona que la UNESCO clasifica como de elevado valor patrimonial. A pesar de estas consideraciones, la mayoría de alcaldes locales lo respaldan por sus potenciales beneficios económicos en la lucha contra la despoblación.
Desde ambas formaciones territoriales, han abogado por una implantación ordenada de renovables con total transparencia legal. Guitarte subraya que dudas sobre procedimientos, especialmente respecto al Clúster del Maestrazgo, obligan a cualquier representante político a intervenir para proteger los intereses ciudadanos y la legalidad. Además, propone crear la Agencia Aragonesa Anticorrupción para supervisar estos casos.
En diciembre pasado, la UCO ejecutó diecinueve registros en empresas públicas y privadas como Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, además de domicilios en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Simultáneamente, detuvo al constructor Antxón Alonso, colaborador de Santos Cerdán. La Audiencia Nacional investiga a Leire Díez por delitos de manipulación de contrataciones públicas en su cargo ministerial. También fueron detenidos Díez y Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de Sepi, aunque posteriormente recuperaron su libertad.
