Tras participar en un debate televisivo, Pilar Alegría, candidata socialista a la presidencia aragonesa, se reunió con aproximadamente sesenta trabajadores del ámbito social. Manifestó su intención de fortalecer los servicios públicos priorizando acceso a vivienda, sanidad y educación. Enfatizó que cuidar a quienes atienden a otros es fundamental para fortalecer servicios públicos. Propuso negociar un nuevo convenio autonómico que mejore salarios y condiciones laborales, similar al impulsado en Valencia.
Los trabajadores compartieron sus experiencias de precariedad laboral y dificultades para conciliar vida familiar con el empleo. Relataron la falta de controles empresariales y exigieron mejoras salariales. Una trabajadora denunció la obligatoriedad de recuperar horas para asistencia médica. Otro testimonio reveló que empleados en zonas rurales enfrentaban condiciones especialmente difíciles, sin apoyo psicológico. Varios señalaron que los jóvenes rechazaban emplearse en el sector por su dureza.
Alegría expresó disculpas por la situación actual de estos trabajadores. Reconoció que, aunque la economía aragonesa crece, no desea que este crecimiento implique mantener a empleadas en condiciones indignas. Declaró buscar un Aragón próspero para todos, rechazando trabajadores de segunda categoría. Criticó duramente los salarios, describiéndolos como inaceptables para una región en desarrollo.
La candidata destacó que los salarios apenas superan el mínimo interprofesional, muchas veces solo por veinte o treinta euros. Subraya que servicios públicos fuertes requieren buenas condiciones laborales, actualmente ausentes. Enfatizó la necesidad de “interiorizar la cultura del cuidado” también hacia los empleados. Mencionó el caso de una mujer con dieciocho años en el sector, actualmente de baja y dudosa de retornar al trabajo.
Como prioridad política, Alegría afirmó comprometerse con problemas cotidianos de los aragoneses. Específicamente en dependencia, propuso reducir el plazo para valoraciones de ayudas a personas mayores a treinta días máximo. Anteriormente, durante el debate, defendió que un nuevo modelo de financiación generaría ingresos adicionales para invertir en servicios esenciales, posición que contrasta con la visión del candidato popular respecto al sistema fiscal.
