La Guardia Civil investiga a un individuo por la sustracción de 571 pinos piñoneros en la localidad vallisoletana de Hornillos de Eresma. El perjuicio económico asciende a 46.000 euros según estimaciones de las autoridades, considerando tanto la madera como los piñones. El propietario del terreno lo había contratado específicamente para realizar labores de limpieza forestal, pero descubrió posteriormente que el trabajador había talado árboles sin consentimiento ni autorización legal.
Los hechos ocurrieron durante el verano de 2025, entre junio y agosto, en el pinar donde crecían aproximadamente 1.000 ejemplares. El empresario gestiona una compañía dedicada al mantenimiento y cuidado de bosques, siendo contratado por el dueño de la parcela que carecía de tiempo disponible para ejecutar esta tarea. Meses después, el propietario constató que le habían sido sustraídos más de la mitad de sus árboles sin justificación ni permiso alguno.
Durante las verificaciones realizadas, los agentes comprobaron que el investigado no ejecutó las labores de limpieza autorizadas por la administración regional. Sin embargo, procedió a derribar los pinos sin poseer la licencia requerida para tal actividad. Los daños cuantificados incluyen tanto el valor de la madera como el del fruto piñonero, que representa una fuente económica significativa para los propietarios de estos terrenos.
Se celebró una reunión entre el propietario del pinar, el acusado y un técnico especializado para intentar alcanzar una solución que compensara los perjuicios ocasionados. La propuesta contemplaba resarcir económicamente al dueño utilizando madera procedente de otros pinares disponibles. Las negociaciones no llegaron a ningún resultado satisfactorio entre las partes involucradas en el conflicto.
La madera extraída, que totalizaba 44 toneladas, fue transportada mediante camiones hacia una empresa de biomasa ubicada en la provincia de León. Una compañía subcontratada por el investigado realizó el traslado de los árboles talados. En estas instalaciones, la madera se utiliza para generar energía mediante procesos de transformación de residuos orgánicos. El juzgado de Medina del Campo asumirá la jurisdicción de este caso para resolver el conflicto entre las partes.
