Documentación en cinco meses para la mayoría de inmigrantes irregulares según nuevas regulaciones estatales
Más de medio millón de migrantes sin documentación en España podrían regularizar su situación mediante un acuerdo entre el Gobierno y Podemos. Según datos de Funcas, existen aproximadamente 840.000 personas indocumentadas en el país a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida beneficiaría al 60% de esa población.
El Ejecutivo aprobará hoy la tramitación de esta iniciativa en Consejo de Ministros, sin necesidad de ratificación parlamentaria. Para acceder a la regularización, los solicitantes deben acreditar residencia previa al 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales graves y haber vivido en España durante cinco meses mínimo. Se aceptarán como prueba padrones, comprobantes de transferencias bancarias, boletos de transporte y certificados médicos.
El plazo para solicitar la regularización vence el 30 de junio próximo. Al presentar la solicitud, quedarán suspendidas automáticamente las órdenes de expulsión y retorno administrativos. Los beneficiarios recibirán autorización provisional de residencia que les permitirá trabajar legalmente y acceder a servicios sanitarios y otros beneficios sociales.
Funcas advierte sobre la falta de planificación estratégica en política migratoria española. Su estimación de irregulares precedió a la modificación del Reglamento de Extranjería en mayo, por lo que la cifra actual podría ser inferior. El organismo destaca la ausencia de directrices claras respecto al volumen y características de la inmigración recibida.
Este acuerdo responde a demandas de Podemos desde septiembre de 2025, que instaban a replicar el mecanismo utilizado por Zapatero en 2005, cuando se regularizó a 565.121 personas. Irene Montero, secretaria política de Podemos, anunció el desbloqueo de una Iniciativa Legislativa Popular que había permanecido estancada más de dieciocho meses con 700.000 firmas ciudadanas de respaldo.
La medida también forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer su mayoría parlamentaria y resolver la parálisis legislativa actual. Moncloa permite a sus socios atribuirse estas concesiones como logros propios, similar a acuerdos previos con ERC y el PNV. La regularización era una bandera de Sumar, ahora debilitada por desgaste político.
Podemos argumenta que mantener a cientos de miles de personas en irregularidad incrementa explotación laboral y fortalece a quienes se benefician de trabajadores sin derechos. La formación sostiene que esta situación alimenta exclusión y permite que discursos racistas de la derecha avancen en la sociedad española.
