Las víctimas del accidente de Angrois consideran que la tragedia de Adamuz hubiera podido evitarse con las medidas adecuadas
El descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira, ocurrido el 24 de julio de 2013 cerca de Santiago de Compostela, causó 80 muertes y 143 heridos. Víctimas de esta tragedia se concentraron recientemente frente al Consejo General del Poder Judicial para denunciar una justicia politizada que ha obstaculizado investigaciones independientes. Vinculan esta deficiencia investigativa con el reciente accidente en Adamuz, que dejó 45 fallecidos, catalogándolo como una tragedia prevenible.
Los manifestantes sostienen que más de doce años después carecen de una investigación verdaderamente independiente, como exigen las normativas europeas. El portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Arturo Domínguez, denunció que instituciones politizadas anteponen intereses espurios a la vida humana. La protesta cuestiona profundamente cómo las instituciones estatales han gestionado este proceso judicial.
La Audiencia Provincial de A Coruña condenó al maquinista Francisco Garzón a dos años y seis meses de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones. Sin embargo, absolvió al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, revocando parcialmente la sentencia inicial de 2024. Esta decisión ratificó conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes controvertida por su falta de independencia.
Las víctimas recurrieron al Tribunal Supremo solicitando reabrir la investigación con una comisión completamente independiente, pero fueron desestimadas en 2023. Bruselas, contrariamente, respaldó la necesidad de repetir el proceso garantizando total independencia. Domínguez acusó a gobiernos del PP y PSOE de negarse a reapertura investigativa, junto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por proteger empresas públicas involucradas.
La plataforma observó que algunos funcionarios implicados recibieron ascensos posteriormente. El fiscal Mario Piñeiro accedió al Supremo, mientras que la abogada Consuelo Castro fue promovida a jefa de la Abogacía General. Domínguez advirtió sobre monitorear la carrera de Ana Belén Sánchez González, presidenta de la Audiencia Provincial y ponente de la sentencia.
Garzón fue condenado por conducir a exceso de velocidad al aproximarse a la curva donde debía reducir de 200 a 80 kilómetros por hora. La sentencia confirmó que atendió una llamada innecesaria que le distrajo del control de velocidad. Desatendió múltiples señales visuales y acústicas, activando el frenado únicamente al ver la curva y terminar la llamada.
Cortabitarte fue inicialmente condenado por falta de evaluación adecuada de riesgos que hubiera permitido implementar ERTMS, sistema de seguridad europeo estándar capaz de frenar automáticamente ante errores humanos. La Audiencia Provincial lo exoneró argumentando imposibilidad de demostrar que un análisis diferente hubiera evitado el accidente. Una magistrada emitió voto particular oponiéndose, señalando que la obligación de evaluar correctamente riesgos nunca se cumplió.
La sentencia confirmó responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, obligando a la aseguradora QBE a cubrir indemnizaciones superiores a 22 millones de euros. Aproximadamente 12 millones corresponden a familias de fallecidos y 10 millones a personas lesionadas. Este fallo no es recurrible ante el Supremo, pero Domínguez anunció continuar ante el Tribunal Constitucional y, eventualmente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Domínguez enfatizó que sin investigaciones independientes no se establece verdad ni se asumen responsabilidades, permitiendo que tragedia se repita. Denunció que Adamuz demuestra nuevamente cómo sistemas negligentes persisten. Exigió que nadie afirme que todo estaba correctamente revisado y remodelado, advirtiendo que mientras falte depuración de responsabilidades, los accidentes continuarán sucediendo inevitablemente.
