Los residentes de Montecarmelo han conseguido que un tribunal admita su demanda contra el ayuntamiento madrileño por la construcción de un cantón de limpieza. Cuatro mil vecinos financiaron la acción legal presentada por la Plataforma No al Cantón en diciembre. La instalación tendría el tamaño de un campo de fútbol y medio en el corazón del barrio residencial. Los vecinos denuncian una “táctica de tierra quemada” para hacer irreversible el proyecto.
El municipio sostiene que la instalación únicamente alojará equipos de limpieza sin riesgos ambientales. Sin embargo, un juez del Contencioso-Administrativo de Madrid ya dictaminó en abril que el proyecto tiene características industriales. El colegio Alemán, a 60 metros del lugar, ganó su demanda porque no se realizó estudio de impacto ambiental siendo obligatorio cerca de escuelas y viviendas.
El ayuntamiento aceleró los trámites tras conocer la sentencia judicial desfavorable. Vox, PSOE y Más Madrid se oponen unánimemente al proyecto en un raro acuerdo entre fuerzas políticas. El consistorio aprobó un decreto el 3 de junio ratificando la ubicación elegida, ignorando la resolución judicial pendiente de resolución en el tribunal superior.
Los vecinos critican que el decreto municipal carece de fundamentación jurídica y urbanística adecuada. Argumentan que el ayuntamiento actúa sin respetar al Poder Judicial al continuar adelante sin esperar la resolución definitiva. La demanda ahora admitida cuestiona la validez legal de todas las decisiones tomadas para impulsar el proyecto.
La zona alberga colegios, institutos y guarderías con aproximadamente 4.500 menores de edad. Los 117 vehículos de limpieza diarios incluyen 80 máquinas pesadas que generarían tráfico intenso. Las asociaciones de padres de tres colegios solicitaron al consejero de Educación intervención debido a riesgos de accidentes y problemas de salud infantil.
Una encuesta de los residentes revela que el 94% considera inadecuada la ubicación elegida. El 90% teme graves daños a la calidad de vida del barrio por olores, ruido constante y sustancias peligrosas. Los vecinos invocan el principio del interés superior del menor para que las administraciones públicas prioricen la protección de los niños en sus decisiones.
