La Generalitat continúa sin ofrecer explicaciones mientras persiste el caos en Rodalies en su sexto día de afectaciones
La situación ferroviaria en Cataluña se ha convertido en un problema de gobernanza que desborda las capacidades administrativas. Tras el colapso del servicio de Rodalies durante cinco jornadas consecutivas, los responsables del Govern han optado por señalar directamente a Renfe y Adif como culpables de los fallos. Albert Dalmau, presidente en funciones, ha exigido soluciones urgentes mientras el jefe ejecutivo catalán permanece hospitalizado.
Anticipando la ola de críticas que se aproxima, Dalmau ha programado una comparecencia parlamentaria para el miércoles con el propósito de explicar las continuas fallas del sistema ferroviario. Las medidas implementadas hasta ahora incluyen el teletrabajo obligatorio para funcionarios y una recomendación a empresas privadas para que adopten medidas similares. El Govern ha aconsejado a la ciudadanía minimizar los desplazamientos innecesarios.
La consellera de Territori anunció que el servicio reanudaría parcialmente en tres líneas principales, aunque advirtió sobre posibles disfunciones. Los pronósticos de funcionamiento resultaron completamente equivocados cuando el lunes amaneció con averías en el centro de control que provocaron la suspensión duplicada del servicio matutino. Las predicciones oficiales fueron desmentidas por los hechos inmediatamente.
El enfrentamiento entre el Govern y los operadores se originó el sábado cuando la administración regional anunció la paralización por motivos de seguridad. Renfe decidió unilateralmente reanudar el servicio sin esperar autorización, provocando una respuesta gubernamental mediante resolución administrativa que ordenó la suspensión nuevamente. Este ciclo de decisiones contradictorias se extendió durante todo el fin de semana.
La tarde anterior había traído anuncios optimistas de restablecimiento parcial con capacidad para aproximadamente 300.000 de los 400.000 usuarios habituales. Un secretario de Estado acompañó a las autoridades regionales en la presentación de estas expectativas, todas ellas completamente invalidadas por el desarrollo real de los eventos el día siguiente.
Los líderes de los principales partidos de oposición han exigido públicamente las dimisiones de la consellera y del ministro nacional de Transportes. Es particularmente notable que los republicanos, aliados tradicionales del Gobierno, hayan manifestado su desconfianza. ERC ha solicitado además la transferencia completa de Rodalies a Cataluña, marcando una postura de ruptura administrativa.
Los círculos cercanos a la administración regional señalan que no existe intención de remover a la consellera de su cargo. El presidente titular continúa hospitalizado recuperándose de una infección ósea, permaneciendo fuera de la gestión activa de la crisis mientras las tensiones políticas se intensifican.
