Un área protegida boliviana se ve amenazada por un proyecto petrolero que preocupa profundamente a sus habitantes

Bolivia reanudó la búsqueda de petróleo tras la caída drástica en la producción de gas natural. Desde el gobierno de Evo Morales se flexibilizaron normativas para permitir actividades hidrocarburíferas en zonas protegidas. En 2015, el decreto supremo 2366 autorizó esta extracción con regulación ambiental. Un año antes se modificó el plan de manejo de la reserva Tariquía, que alberga más de 350 especies animales.

El proyecto Domo Oso X-3 busca confirmar la existencia de 2,8 trillones de pies cúbicos de gas con potencial de generar hasta 20.000 millones de dólares. Los defensores de la reserva advierten sobre daño irreversible al ecosistema y contaminación de fuentes hídricas. Nelly Coca, lideresa comunitaria con 65 años de vida en la zona, denuncia que árboles centenarios serán talados y animales huirán cuando funcionen los mecheros de extracción.

Coca representa a generaciones que han habitado Chiquiacá dentro de la reserva. Su abuelo nació allí y su padre vive con 94 años. Aproximadamente 4.000 personas en 24 comunidades dependen de estos territorios. El 5 de enero de este año, policías ingresaron a la reserva permitiendo paso a maquinaria pesada. El vicepresidente Edmand Lara visitó recientemente el lugar respaldando la movilización de habitantes.

Petrobras Bolivia, empresa mayoritaria del proyecto, afirma poseer licencia ambiental y todos los requisitos legales. Asegura que el pozo ubicado a 1,5 kilómetros de la reserva no la afecta. La empresa realizó consulta pública con algunas comunidades según exigencias constitucionales. Sin embargo, Coca califica estos procesos como fraudulentos, realizados con engaños y promesas laborales. Las comunidades principales fueron excluidas de consultas previas.

El Estado ya opera dos pozos en Churumas, zona que originalmente era núcleo de protección estricta. En 2014, el plan de manejo cambió su clasificación a zona de uso moderado. El investigador Jorge Campanini sostiene que el Gobierno diseñó nuevas normativas para encajar proyectos extractivistas ya planeados. El pozo Churumas X-2 encontró gas, actualmente se perfora X-3 y existe X-4 con licencia ambiental.

Campanini critica la narrativa gubernamental sobre regalías para Tarija. Propone potenciar gestión compartida donde organizaciones locales participen en administración de la reserva. Enfatiza que ninguna iniciativa ha promovido autosostenibilidad económica comunitaria. Los proyectos extractivistas han sido el único beneficiario de cambios normativos.

El Tribunal Agroambiental de Bolivia aceptó el 16 de enero congelar el proyecto Domo Oso por 30 días. La resolución ordena pausa hasta recibir documentación que acredite explotación petrolera y aprobación parlamentaria de contratos. En 2019 ocurrió situación similar cuando movilizaciones masivas paralizaron intentos de Petrobras de ejecutar contrato de 2018. Una marcha desde Tariquía hasta Tarija concluyó con cabildo que rechazó entrada de petrolera.

Bolivia enfrenta crisis energética con caída de producción gasífera del 50% desde 2014. El expresidente Luis Arce lanzó Plan de Reactivación del Upstream reexplorando zonas con materia prima conocida. El nuevo presidente Rodrigo Paz mantiene decisión de continuar, aclarando que no afectará la reserva protegida. Paz niega haber otorgado permisos dentro del reservorio, acusando a políticos de instrumentalizar temas ambientales.

Coca recuerda que Paz, siendo alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, firmó compromiso con Tariquía. Prevé enfrentamiento prolongado similar al de 2019. Anuncia permanencia en vigilia hasta solución definitiva y solicita pausa ambiental junto a retiro de demanda contra defensores. Considera paradójico que empresas extranjeras denuncien a habitantes locales ante indiferencia estatal.