El deterioro físico del hermano de Luisa refleja la crisis sanitaria devastadora en las cárceles ecuatorianas. Desde su ingreso a la Penitenciaría del Litoral hace más de un año, su cuerpo se ha reducido a piel y huesos. La tuberculosis avanza sin tratamiento adecuado, recibiendo medicamentos apenas dos veces por semana. Infecciones de piel, sarna y desnutrición completan un cuadro de salud crítico que requiere hospitalización urgente, pero las autoridades carcelarias alegan que todos los internos están en condiciones similares.
Desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa entregó la seguridad penitenciaria a los militares, las cárceles se han convertido en espacios de tortura sistemática. Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas han documentado extensamente el aumento de muertes bajo custodia estatal y prácticas de trato cruel e inhumano dentro de los centros de detención ecuatorianos.
La hambruna afecta a aproximadamente 35.000 prisioneros distribuidos en 36 cárceles nacionales, generando una epidemia de tuberculosis que ha traspasado los muros penitenciarios. Una médica de medicina legal que trabaja con cadáveres provenientes de la cárcel se contagió y permanece hospitalizada en estado grave. Solo en la Penitenciaría del Litoral, al menos 600 presos murieron en 2025 por problemas de salud y alimentación, según documentos del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil.
Ana Morales, presidenta del Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, describe las cárceles como bodegas humanas y cementerios vivos. Su organización ha documentado exhaustivamente la desnutrición extrema de los internos, donde las raciones diarias consisten en dos cucharadas de comida, un vaso de sopa de cuatro onzas y jugo. Estos alimentos llegan en contenedores a las entradas de los pabellones, permitiendo que los mismos prisioneros distribuyan las porciones, lo que resulta en raciones desproporcionadas.
En mesas de diálogo convocadas por presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades han reconocido problemas en la distribución de alimentos. Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos, enfatiza la necesidad de individualizar las raciones. Sin embargo, preocupa que las autoridades no hayan respondido a las solicitudes de la CIDH para visitar la Penitenciaría del Litoral, sugiriendo desinterés en resolver la crisis.
El ministro del Interior, John Reimberg, reconoció que las cárceles están obsoletas y en mal estado, sin inversión ni seguridad adecuada. A pesar de esto, la respuesta gubernamental se limita al anuncio de un nuevo megacentro penitenciario con capacidad para 15.000 presos. Simultáneamente, en la Asamblea Legislativa, el presidente Noboa propuso una reforma constitucional para excluir a los prisioneros de grupos prioritarios de atención médica.
Ana Morales denuncia que el Gobierno intenta normalizar la muerte en las cárceles. Afirma que la militarización no ha reducido la violencia, evidenciado por seis masacres carcelarias ocurridas desde que los militares asumieron el control. Las cárceles ecuatorianas permanecen fuera de control, transformando la encarcelación en una sentencia de muerte lenta.
