A principios de junio, el arzobispo Paul Richard Gallagher, representante del Vaticano, llegó a La Habana con un mensaje claro sobre la promoción de derechos y libertades humanas, en el marco del 90 aniversario de relaciones diplomáticas entre Cuba y el Vaticano. Pocos días después, Donaida Pérez, opositora política, fue encarcelada nuevamente tras haber sido liberada en enero como parte de un grupo de 553 personas excarceladas tras negociaciones entre el gobierno cubano y la Iglesia católica.
Pérez fue advertida en prisión sobre la necesidad de guardar silencio respecto a la situación de su esposo, Loreto Hernández, encarcelado desde las protestas del 11 de julio de 2021. Al negarse a aceptar el silencio como condición de su libertad, su condena de ocho años fue restablecida por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. Según su cuñado Jorge Luis García Pérez ‘Antúnez’, “Nunca dejó de denunciar, ni de tener presencia en las redes sociales, ni de tener comunicaciones con organizaciones de los derechos humanos”.
El caso de Pérez no es aislado. José Daniel Ferrer, otro opositor liberado en enero, fue detenido nuevamente tras un asalto policial en su vivienda. En prisión, Ferrer realizó una huelga de hambre y, según su familia, fue víctima de torturas. Ferrer se negó a cumplir con reportes periódicos a las autoridades, lo que fue citado como razón para revocar su libertad condicional: “No solo no se presentó, sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial”, indicó el Tribunal Supremo Popular.
Otro opositor, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue reencarcelado por supuestas “violaciones reiteradas” de las restricciones impuestas, incluyendo trasladarse fuera de su municipio sin permiso. Similar destino corrió Jaime Alcide Firdó Rodríguez, quien fue devuelto a prisión tras negarse a colaborar con la Seguridad del Estado, según relató su padre.
De acuerdo con Prisoners Defenders, el gobierno cubano ha regresado a prisión a al menos cuatro de los más de 500 liberados en enero, mientras mantiene una estricta vigilancia sobre muchos otros excarcelados. Denuncias de acoso, amenazas a empleadores, imposibilidad de viajar y citaciones constantes forman parte del panorama que enfrentan los liberados, según testimonios recogidos por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sostiene que aunque la diplomacia vaticana es consciente de las limitaciones en Cuba, el gobierno ha utilizado a los presos políticos como moneda de cambio y ha incumplido sus compromisos. La versión oficial cubana, sin embargo, atribuye a Estados Unidos el incumplimiento de acuerdos alcanzados con el papa Francisco, en el contexto del Jubileo Ordinario.
Mientras tanto, la situación interna en Cuba se agrava. Instituciones religiosas y miembros del Arzobispado de Santiago de Cuba han hecho llamados a las autoridades para que promuevan cambios estructurales en el país. “Es el momento de crear un clima, sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”, señalaron.
La historia de excarcelaciones y reincidencias no es nueva en la isla. Visitas papales anteriores han estado marcadas por liberaciones de disidentes, aunque muchas veces seguidas de nuevas detenciones. Yaxis Cires remarca que es crucial que la Santa Sede respalde el mensaje de los obispos cubanos y enfatiza: “Es fundamental encontrar las vías para que la dignidad y la libertad de los cubanos sean respetadas”.
