
Tras finalizar el período de luto oficial, Alberto Núñez Feijóo reanudó este viernes la confrontación política en relación con los accidentes ferroviarios ocurridos en Córdoba y Barcelona. El presidente del Partido Popular compareció en la sede madrileña y señaló directamente al Gobierno por no asegurar la seguridad en los servicios de alta velocidad. Feijóo rechazó calificar estos siniestros, que causaron 46 muertes y obedecen a causas distintas según investigaciones preliminares, como hechos aislados.
La infraestructura ferroviaria refleja el estado general del país, afirmó Feijóo al vincular ambas tragedias con un supuesto colapso administrativo. Responsabilizó directamente a Pedro Sánchez y exigió su comparecencia en un Pleno extraordinario del Congreso, amenazando con forzarla mediante votación en el Senado. Aunque criticó duramente la gestión gubernamental, inicialmente no solicitó la renuncia del ministro de Transportes, aunque sugirió hacerlo posteriormente.
El líder conservador utilizó un lenguaje solemne para referirse al temor legítimo de los ciudadanos ante viajar en tren en España. El miedo surge del desconcierto causado por decisiones gubernamentales inconsistentes, argumentó, aludiendo a las limitaciones de velocidad implementadas tras los accidentes. Feijóo cuestionó la ausencia de transparencia oficial y contrastó la antigua imagen positiva del ferrocarril español con el actual descrédito internacional.
El dirigente popular lamentó la falta de explicaciones claras sobre las causas de ambos descarrilamientos. Aunque el viernes se publicó un informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios identificando una soldadura defectuosa como causa probable del siniestro de Adamuz, Feijóo criticó que el Gobierno no aclarase nada relevante. Acusó al ejecutivo de incrementar la inquietud y generar caos en lugar de informar adecuadamente.
Feijóo finalmente atribuyó al presidente la máxima responsabilidad por el caos en la red ferroviaria. Aunque respetó formalmente el luto oficial durante tres días, consideró que esta pausa no debía servir de pretexto para eludir explicaciones. El PP busca forzar la comparecencia presidencial ante el Congreso para que asuma responsabilidades por las tragedias, presionado por su ala más dura para intensificar el tono contra el Gobierno.



