La Universidad Complutense de Madrid ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado el cálculo definitivo del gasto en fondos públicos destinados al desarrollo del software para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. La cifra asciende a 113.509,32 euros, cantidad que la institución solicita conste a efectos de eventual responsabilidad civil en caso de sentencia condenatoria.
El gasto se divide en dos componentes principales. La mayor parte, 108.765,79 euros, corresponde a contratos para el desarrollo del software que la universidad abonó directamente. El resto, 4.743,53 euros, refleja el coste de las horas dedicadas por personal técnico y administrativo de la institución en las actuaciones necesarias para elaborar y adaptar la plataforma informática.
La plataforma nunca se completó. Begoña Gómez está imputada por apropiación indebida de este producto informático, junto con otros delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y malversación. La esposa del presidente del Gobierno ha negado intención de apropiarse del software o actuar con ánimo de lucro en relación con este proyecto.
Respecto a la acusación de intrusismo profesional, la UCM respondió favorablemente a los intereses de Gómez. La universidad aclaró que su normativa no exige titulación específica para firmar los pliegos de prescripciones técnicas. Además, existen correos internos de la institución solicitando expresamente a Gómez que realizara estas firmas, lo que respalda su actuación legal.
Por su parte, la empresa Indra comunicó al juez que no ha encontrado ningún acta de reuniones relacionadas con el desarrollo de la plataforma digital alojada en transformatsc.org. La compañía realizó búsquedas exhaustivas en sus sistemas sin localizar documentación sobre las reuniones celebradas durante el proceso de desarrollo, ni tampoco actas que pudieran haber elaborado otras empresas participantes o representantes de la Universidad Complutense.
La investigación contempla tres líneas de actuación distintas: la relación con el empresario investigado Juan Carlos Barrabés, las actuaciones en la cátedra universitaria, y la participación de la asesora de Gómez en La Moncloa en sus actividades profesionales privadas. Si se celebra juicio, este se llevará a cabo ante un jurado.
