Las autoridades policiales nacionales han iniciado una investigación para localizar al responsable de una filtración masiva de información confidencial. El delincuente cibernético, identificado bajo el alias Vindex, ha divulgado datos sensibles de aproximadamente cincuenta políticos y funcionarios de administraciones autonómicas. Entre los afectados se encuentran Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno, Juanfran Pérez Llorca, Imanol Pradales y María Guardiola, entre otros.
Este ataque informático constituye el segundo llevado a cabo por este individuo en días recientes. Previamente, el ciberdelincuente había publicado información de cargos del Ministerio de Transportes, incluyendo documentos de identidad, números telefónicos y domicilios. Acompañó la difusión con acusaciones falsas relacionadas con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que resultó en cuarenta y cinco fallecidos.
La legislación española, modificada en dos mil quince, clasifica la difusión extensiva de datos personales en plataformas digitales como delito de gravedad considerable. El marco legal permite categorizar estos actos como terrorismo cuando su objetivo implica desestabilizar instituciones políticas o estructuras económicas estatales, u obligar a autoridades públicas a actuar de determinada manera. Por esta razón, las investigaciones son frecuentemente asumidas por la Audiencia Nacional.
Este suceso se suma a otras dos filtraciones similares ocurridas en el año anterior. En junio, individuos identificados como Akkaspace y Pakito difundieron datos de autoridades gubernamentales y representantes autonómicos a través de canales de comunicación digital. Los piratas informáticos también compartieron credenciales de acceso a plataformas políticas y afectaron a militantes progresistas y comunicadores. Ambos sujetos fueron capturados posteriormente en el archipiélago canario.
Meses después, en octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos menores sospechosos de ejecutar otro ataque. Operaban bajo la identidad N4t0X y difundieron información de ministros, servicios de inteligencia y agentes gubernamentales mediante Telegram. En sus comunicaciones, los supuestos atacantes afirmaban actuar movidos por convicciones contra la corrupción institucional, descartando motivaciones de mero entretenimiento o escándalo.
