César, policía municipal de Culiacán, desapareció el 21 de enero. Días después apareció su cuerpo junto al Congreso de Sinaloa con una pancarta que contenía un mensaje criminal. La Fiscalía estatal y la policía local han proporcionado información limitada sobre el caso. El homicidio refleja una tendencia alarmante en la ciudad. Desde septiembre de 2024, cuando escaló el conflicto entre facciones del Cartel de Sinaloa, han muerto 77 policías municipales.
El agente tenía 31 años y llevaba once años sirviendo en la corporación. La Secretaría de Seguridad Pública informó que contactó a su familia inmediatamente después de conocerse su desaparición. Las autoridades federales y locales mantienen comunicación con los familiares durante estos eventos de violencia.
De los 77 policías fallecidos, siete eran mujeres. Además, doce pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional, reforzando la seguridad tras la ruptura dentro de la organización delictiva. También han perecido un marino y un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargado de inteligencia e investigación.
La diputada local Paola Gárate criticó la situación de seguridad. Cuestionó cómo los vehículos pueden transportar cadáveres sin ser detenidos en las calles de la ciudad. Argumentó que las autoridades deben reconocer públicamente que la situación no está bajo control y actuar con transparencia.
Entre septiembre y octubre de 2024, autoridades federales desarmaron a los policías locales para investigarlos bajo estándares militares. Desactivaron el Centro de Respuesta Inmediata, que contaba con cientos de videocámaras. Separaron de sus cargos a veinte elementos por vínculos presuntos con el narcotráfico, sin entregarlos a la Fiscalía.
Los policías casi convocan a un paro, pero las presiones y despidos detuvieron la protesta. Muchos se quejaron de haber sido trasladados sin viáticos a instalaciones militares y denunciaron maltrato durante su evaluación.
Desde octubre de 2024 retornaron a las calles armados, pero con restricciones severas. Las autoridades federales limitaron su actuación al centro de Culiacán, alejándolos de zonas rurales y colonias conflictivas. No participaron en grandes operativos ni refuerzos en enfrentamientos.
Entre despidos, renuncias y asesinatos, la Policía Municipal pasó de 1.500 elementos a apenas 1.000. La corporación enfrenta una crisis de personal sin precedentes. Las fuerzas federales iniciaron reclutamiento de 400 nuevos agentes para recuperar capacidades operativas.
Los nuevos policías serán entrenados en la Universidad del Policía con instrucción castrense de la Armada. Recibirán un salario inicial de 18.000 pesos y seguro de vida. El Gobierno de Sinaloa proporciona becas para facilitar el proceso de capacitación. Tras egresar, se integrarán directamente a la Policía Municipal de Culiacán.
