La relación comercial entre Colombia y Ecuador ha experimentado un cambio drástico. Ecuador anunció un arancel del 30% sobre importaciones colombianas, argumentando que Colombia no colabora suficientemente contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad que persiste a pesar de las medidas de mano dura implementadas desde noviembre de 2023.
Gustavo Petro ha optado por mantener la calma y utilizar canales diplomáticos formales. Colombia presentó una nota de protesta rechazando los argumentos ecuatorianos sobre “falta de acciones firmes” contra criminales. Petro instruyó a sus ministros implementar respuestas urgentes a través de mecanismos institucionales tradicionales.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, suspendió el suministro eléctrico a Ecuador desde este jueves. Esta medida resulta particularmente severa considerando la profunda crisis energética ecuatoriana evidenciada por apagones masivos a finales de 2024. Colombia proporcionaba el 8% de la electricidad consumida por Ecuador durante 2025, dejando al país vecino vulnerable a nuevos cortes de servicio.
Colombia ejecutó una retaliación comercial espejo: el Ministerio de Comercio impuso aranceles del 30% a veinte productos importados de Ecuador. La ministra Diana Morales justificó estas acciones como herramientas legítimas para corregir desequilibrios comerciales. Simultáneamente, Ecuador anunció cobrar tarifas adicionales por transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudos Pesados, fundamental para las exportaciones petroleras desde la Amazonía hacia el Pacífico.
Los sectores empresariales de ambas naciones piden cordura y diálogo mediante mesas de concertación. Ecuador representa el sexto comprador de exportaciones colombianas, mientras Colombia es el segundo proveedor ecuatoriano. Las ciudades fronterizas reportan aumento del costo de vida y alertan sobre posible incremento del contrabando para evadir aranceles adicionales.
La oposición colombiana culpa a Petro por la decisión ecuatoriana. Paloma Valencia asegura que Ecuador responde a una fallida política de negociación con grupos armados. Abelardo de la Espriella pide a Noboa no castigar empresarios por responsabilidades de Petro. La oposición ecuatoriana tampoco respalda a Noboa; Rafael Correa lo criticó duramente por sus políticas.
Colombia presenta datos que contradicen las acusaciones ecuatorianas sobre insuficiencia en combate al narcotráfico. El ministro de Defensa Pedro Sánchez reportó 195 toneladas de cocaína incautadas en operaciones conjuntas durante 2025, representando un 43% más que el año anterior. Colombia también capturó a criminales ecuatorianos estratégicos, incluyendo alias Fede, líder de Los Choneros, en octubre pasado en Medellín.
Analistas sugieren que Noboa busca externalizar responsabilidad por la crisis de seguridad. Laura Bonilla de Paz y Reconciliación señala que Ecuador crece grupos criminales propios, no simplemente infiltración de bandas colombianas. Los datos muestran que narcotráfico y minería ilegal dominan mercados ilícitos ecuatorianos, consolidados antes de las medidas de Noboa.
Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, la cifra más alta registrada y 30,4% superior al año anterior. A pesar de declarar “conflicto armado interno” y mantener estados de excepción en gran parte del territorio, grupos como Los Lobos y Los Choneros preservan control criminal. Estas estadísticas documentan fracaso de las políticas de seguridad implementadas por Noboa.
Permanece abierta la posibilidad de diálogo entre ambos países. La Cancillería colombiana expresó disposición para resolución amistosa que prevenga impactos nocivos en poblaciones civiles. Colombia mantiene superávit comercial y baja dependencia ecuatoriana, posición de negociación más favorable que enfrentada con Estados Unidos. La Comunidad Andina exhortó a ambas naciones a postergar medidas arancelarias, pero resta por definir quién dará el primer paso hacia la reconciliación.
