Un accidente ferroviario en Gelida desencadenó una crisis de movilidad en Cataluña que afectó a aproximadamente 400.000 usuarios diarios de trenes de cercanías. La situación generó múltiples críticas hacia el Govern por su falta de información clara y respuestas lentas ante los problemas de desplazamiento. Los partidos de la oposición cuestionan la gestión de la crisis y exigen mayor agilidad institucional.
Carles Puigdemont, líder de Junts, caracterizó la respuesta del ejecutivo catalán como una demostración de incompetencia clamorosa. El presidente del partido independentista vinculó el colapso ferroviario con problemas más amplios de gestión en sanidad, educación y vivienda. Según Puigdemont, estos fallos responden a tres factores estructurales: incompetencia administrativa, dependencia del Estado y sumisión ante el Gobierno de Madrid.
Oriol Junqueras, desde ERC, coincidió en las críticas al Govern y afirmó que el ejecutivo había quedado retratado en su incapacidad de respuesta. El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, informó que la Generalitat abrió un expediente contra Renfe por no prestar el servicio ferroviario durante la crisis. Sin embargo, las críticas persisten sobre la falta de liderazgo del Govern.
Los Comuns demandaron un gran pacto nacional para resolver la situación de Rodalies y acusaron al Govern de mala comunicación durante la crisis. Jéssica Albiach señaló que se levantaron falsas expectativas que confundieron aún más a los viajeros. El partido también solicitó auditorías periódicas para fiscalizar el funcionamiento del servicio de cercanías.
Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament, rechazó los argumentos independentistas sobre falta de competencias y atribuyó el problema a la incompetencia de gobiernos anteriores. Vox criticó que el Govern abriera expediente contra Renfe en lugar de asumir responsabilidades directas. La CUP exigió que se iniciara un expediente contra Adif por su responsabilidad en la crisis del sistema ferroviario catalán.
