La Unión Progresista de Fiscales ha completado el financiamiento de las sanciones impuestas al ex fiscal general Álvaro García Ortiz mediante aportaciones voluntarias de sus miembros. Se recaudaron 17.200 euros en donaciones para cubrir la multa y la indemnización al empresario Alberto González Amador. El dinero ya fue depositado en una cuenta del Tribunal Supremo, según confirmaron fuentes de la asociación.
La organización abrió una campaña de recaudación en diciembre para financiar las responsabilidades económicas de García Ortiz. Decenas de fiscales de diferentes territorios respondieron al llamamiento en apenas unos días. La asociación enfatiza que no fue una solicitud económica tradicional, sino un gesto ético colectivo en defensa de la institución. Además de fiscales asociados, ciudadanos también contactaron para colaborar en la iniciativa.
La cuenta bancaria fue abierta exclusivamente para esta campaña con un límite de 17.200 euros. Una vez alcanzado el objetivo, el banco rechaza automáticamente nuevas aportaciones. La UPF dejó abierta la participación tanto a fiscales miembros como a no asociados que desearan contribuir al pago de las sanciones impuestas por el tribunal.
La asociación cuestionó severamente la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz. El tribunal lo halló culpable de revelación de secretos por filtración de un correo. La UPF criticó que se condenara al ex fiscal cuando la misma sentencia admite no saber con certeza si fue él o alguien de su entorno quien filtró la información del abogado de González Amador.
Además de la multa y la indemnización de 10.000 euros, García Ortiz recibió dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general. García Ortiz dimitió tras la condena sin aguardar la notificación oficial. Posteriormente, la nueva fiscal general decidió que la inhabilitación no implicaba expulsión de la carrera fiscal, permitiendo su regreso como fiscal de sala del Supremo.
