La aplicación del acuerdo con Mercosur dependerá ahora de la Comisión y las capitales europeas tras el rechazo del Parlamento
La Comisión Europea y los Estados miembros enfrentan una decisión crucial sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur, independientemente de la votación negativa del Parlamento Europeo. Aunque existe un mecanismo legal que permite esta aplicación interina, requiere aprobación del Consejo de la UE por mayoría cualificada. La ratificación parlamentaria posterior vendría una vez el Tribunal de Justicia aclare las dudas jurídicas planteadas.
La oposición en la Eurocámara responde más a motivaciones políticas que a cuestionamientos legales genuinos. El procedimiento utilizado es idéntico al aplicado con Chile, que no generó objeciones. Legisladores europeos de diversas tendencias han caracterizado el voto como una maniobra dilacionista para retrasar un acuerdo que tardó veintiséis años en cerrarse. Por ello, la Comisión anunció que consultará con el Consejo y los diputados antes de determinar los próximos pasos.
Alemania exige aplicación inmediata del pacto comercial. El canciller Friedrich Merz instó a eliminar demoras y activar la entrada en vigor provisional tras conocer el resultado. Expertos en Derecho Europeo, como Eva Poptcheva y Alberto Alemanno, confirman la viabilidad legal. Sin embargo, Francia se opone firmemente. Su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reafirmó el derecho francés a decir no cuando lo considera necesario.
La división permea incluso entre los partidarios del acuerdo dentro del Parlamento. El Partido Popular Europeo, a pesar de contar con miembros disidentes, favorece la aplicación provisional. Su portavoz Jörgen Warborn argumentó que esperar dos o tres años adicionales por resoluciones judiciales es inaceptable y que los socios transatlánticos ya muestran impaciencia extrema. En contraste, Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio, advierte contra decisiones apresuradas.
Los socialdemócratas mantienen posiciones matizadas. Iratxe García, presidenta del grupo S&D, respeta el resultado pero espera el pronunciamiento del Tribunal. Simultáneamente reconoce que Consejo y Comisión poseen facultades para implementar provisionalidad conforme a los Tratados, dejando abierta esa posibilidad política.
Los expertos advierten sobre consecuencias de saltarse el proceso parlamentario. Ignacio García-Bercero, investigador de Bruegel y exfuncionario comunitario, enfatiza una tradición establecida: los acuerdos comerciales no deben entrar en vigor provisionalmente sin consentimiento parlamentario. Solo Reino Unido y Marruecos rompieron esta norma no escrita por circunstancias excepcionales. Una aplicación sin esperar al Parlamento podría generar reacciones adversas amplificadas.
Los promotores de la aplicación rápida contraargumentan que se arriesga innecesariamente la paciencia de socios que aguardan desde hace años. Los plazos de resolución del Tribunal de Justicia históricos superan un año, con casos de dieciséis, diecinueve y veintiséis meses. Mientras tanto, la dilación genera costos económicos masivos en pérdida de exportaciones.
Según estimaciones del Centro Europeo para la Política Económica Internacional, los retrasos en implementación representan miles de millones de euros. Entre la primera propuesta de 2019 y la renegociación completada recientemente, el costo acumulado alcanzó aproximadamente 183.000 millones, equivalente a 3.000 millones mensuales. Una demora adicional de tres años elevaría el daño económico a 280.000 millones de euros, ilustrando la urgencia comercial de resolver el impasse político.
